En la misma sala en que solo un día antes el forense Paco Etxeberria y el secretario de Paz y Convivencia de Lakua, Jonan Fernández, presentaran el informe sobre la tortura, ayer se esperaba con expectación qué tenía que decir al respecto Jorge Aldekoa. Es el jefe de la Ertzaintza, cuerpo al que se responsabiliza de 311 de los casi 5.000 casos ya censados. Dada su inclusión en el mismo curso de verano de la UPV, entre un grupo de expertos, todo parecía preparado para que la Ertzaintza emitiera ahí su reacción, quizás su autocrítica. Pero nada más lejos de la realidad. Fue justo al contrario; Aldekoa ensalzó sin reparo las medidas introducidas por este cuerpo policial y en media hora de intervención inicial no mencionó siquiera el estudio dirigido desde el Instituto Vasco de Criminología.

Evidentemente, el jefe de la Ertzaintza era consciente de que luego tendría que someterse a las preguntas del público. Algunos asistentes se habían revuelto incómodos ante sus afirmaciones y ya desde la primera pregunta se le solicitaron explicaciones sobre esos 311 casos. El mando policial matizó primero que «son denuncias», aunque dijo no cuestionar los métodos científicos utilizados que constatan la alta credibilidad de las mismas, y se escudó luego en que «las explicaciones las tendremos que dar al final. El informe está sin acabar y tampoco lo he leído, prefiero esperar».

La misma indefinición sobre las consecuencias del estudio se plasmó en las siguientes respuestas de Jorge Aldekoa. Así, cuando se le planteó si habrá una investigación interna posterior, replicó que «todavía no hemos contemplado esa posibilidad». Y ante la advertencia de que erradicar la tortura es tan fácil como no incomunicar a los detenidos o hacerlo en el Juzgado y no en comisaría, alegó que «el sistema de incomunicación no lo ha hecho la Policía» y añadió otra «perla»: «A veces lo que nos toca a la Policía es la parte más fea».

En paralelo, Aldekoa trató de convencer al auditorio de que lo realmente relevante debería ser que «estamos haciendo nuestro trabajo, que es achicar los espacios para que no se den conductas desviadas». El jefe de la Ertzaintza había hecho hincapié en ello durante su exposición. Ensalzó el protocolo de 2003 como modelo que siguen ahora jueces de la Audiencia Nacional u otras policías. Lo llamó «hito» y destacó tres aspectos: la inspección médica, la información a las familias y las videograbaciones en calabozos. «Todo esto es muestra, sin duda, del respeto al deber», señaló en otra de sus frases más elocuentes. En realidad, ubicó las garantías de la Ertzaintza bastante antes en el tiempo, destacando el código deontológico de 1992 y el reglamento de 1994, elaborados según subrayó «en un entorno de muchas dificultades, en el que no todo el mundo tenía igual nivel de compromiso». Paradójicamente, la mayor parte de los casos atribuidos a la Ertzaintza se registran poco después, en la segunda mitad de los 90, según los estudios de Euskal Memoria aportados a los autores de este informe oficial.

«No me lo creo»

Dos de las intervenciones desde los asientos del público reflejaron con crudeza el malestar producido por las palabras y la actitud general del jefe de la Ertzaintza. La abogada Lorea Bilbao le recordó casos producidos en 2009 y 2010 y le espetó que «no me creo que no sepas que la Ertzaintza ha torturado».

Posteriormente, una joven que se presentó como «víctima y superviviente de la tortura» trajo a colación que el estudio basado en el Protocolo de Estambul realizado a más de 40 personas hace un par de años ya recalcaba la credibilidad de las denuncias y preguntó, entre sollozos, «hasta cuándo tenemos que esperar para que se nos reconozca y repare». Fue esta vez Jonan Fernández quien salió al paso, poniendo en valor iniciativas como este estudio: «Hay un esfuerzo para que así sea».

Erkoreka, en la misma línea

Significativamente, mientras Aldekoa hablaba en Donostia el portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, fue preguntado en Gasteiz por el informe tras la reunión semanal del Gobierno y trazó una argumentación casi idéntica a la del jefe policial.

Por encima de los casos que se apuntan en el informe, prefirió remarcar que Lakua ha adoptado «decisiones modélicas» en esta materia, que el protocolo de la Ertzaintza «no tiene parangón» en este entorno y que otras administraciones han declinado hacer algo similar.

Respecto a los 311 casos referidos, Erkoreka optó por subrayar que no hay ninguno cometido en los últimos años (ETA dejó definitivamente la lucha armada en 2011, un año antes de que Iñigo Urkullu accediera a Ajuria Enea, y con ello las detenciones incomunicadas prácticamente han desaparecido).

 

Sortu: «Este estudio pone patas arriba el relato oficial»

Pese a asumir que no está concluso, Sortu da gran valor al adelanto de este estudio por varias razones. Además de constatar que «el Estado español ha usado la tortura con fines políticos con una intensidad que no es comparable con otra realidad europea desde el final de la II Guerra Mundial», remarca que tumba el relato de Madrid y Gasteiz de que «aquí no hubo conflicto y todo se redujo a la utilización de la violencia por parte de ETA».

En cuanto a los efectos, Pernando Barrena recordó que hay multitud de casos de condenas en base únicamente a declaraciones bajo tortura. «¿No sería momento de plantearse revisar esas condenas? Pensamos que sí. Y Lakua, como promotor de esa investigación, debería tomar medidas para ello».

 

«No me siento indigno de estar aquí por la muerte injusta de Cabacas»

Una treintena de personas convocadas por la plataforma Iñigo Gogoan protestó ante el centro Carlos Santamaría de Donostia, enclavado en el campus de Ibaeta, por la presencia allí de Jorge Aldekoa, que en la noche en que murió Cabacas era el máximo responsable de la comisaría. Y la cuestión también se hizo presente en las preguntas del público. El jefe de la Ertzaintza se justificó de este modo: «No me siento indigno de estar aquí porque uno de los operativos que he diseñado en 35 años de trabajo haya acabado con una muerte tan injusta».

Lo que denunciaban principalmente tanto los concentrados en el exterior como la persona que sacó el tema en la sala era la impunidad policial, dado que el asunto sigue sin esclarecerse cuatro años después y la obstaculización por parte de la Ertzaintza resulta patente. Así, Oier Amorrortu, primo del joven fallecido por el pelotazo, trasladó a Jorge Aldekoa el recordatorio de que «tiene en su mano la posibilidad de clarificar el caso» y calificó su participación en este curso de verano como «humillante» para la familia.

A juicio de Amorrortu, «no se trata solo de prevenir» estas situaciones de cara al futuro sino de asumir «la responsabilidad con el pasado». En la concentración se encontraba también Joseba Nafarrate, padre de Xuban, el menor herido en Gasteiz en 2012 y cuya denuncia de una agresión policial fue archivada por los tribunales. Manifestó que «es imposible construir nada nuevo sin que cambie el modelo de actuación policial y la formación de los mandos».

 

Apenas 20 condenas, antiguas y solo por lesiones físicas

El resto de la jornada de ayer, segunda de este curso que concluye hoy, estuvo centrada en describir la impunidad que rodea a la tortura y analizar los modos de superarla. Especialmente ilustrativos fueron datos aportados por el abogado vasco Iñigo Iruin. Recordó que apenas se han registrado una veintena de condenas por los miles de casos existentes en Euskal Herria; que todas salvo la de Kepa Urra (1992) se referían a hechos entre 1979 y 1984; y que también con una única salvedad siempre se sustentan en la presencia de lesiones físicas.

En consecuencia, Iruin concluyó que «la tortura es jurídicamente inexistente durante más de 30 años», que se corresponden básicamente con el momento en que se comenzó a maltratar a las personas detenidas sin dejar marcas (sin olvidar que antes de ello también las condenas resultaban muy escasas y que después ni siquiera en casos con evidencia física, como el de Unai Romano, se ha llegado a lograr sentencias favorables).

Todo ello se deriva de que «las estructuras son dueñas de la prueba», subrayó Iruin, dado que confluyen tres factores: el marco legal que impone la incomunicación sistemática, una realidad policial caracterizada por «hermetismo, clandestinidad y obstruccionismo», y la Audiencia Nacional basada en la «mediatización política».

Describió también tres «actores» que contribuyen a este escenario. Por un lado, los jueces, entre los que citó algunos ejemplos positivos pero aislados antes de recordar que las sentencias de Estrasburgo utilizan un término recurrente para definir su actuación en este tema: «Pasividad». Por otro, los fiscales, de los que dijo que tramitan las denuncias como «pura rutina» y «con inactividad absoluta». Y en tercer lugar, los forenses, que como se dijo la víspera habitualmente han «minimizado u ocultado» esta realidad.

Presentado como uno de los mejores forenses del planeta, el portugués Duarte Nuno Vieira explicó después su experiencia en misiones de la ONU, con ejemplos tremendos expuestos mediante fotografías. Reivindicó las Reglas Mandela que establecen estándares mínimos para el cumplimiento de los derechos humanos en las cárceles y planteó también actualizar el Protocolo de Estambul en función de las tecnologías médicas y científicas más modernas que facilitan aclarar cada vez mejor cuándo una persona ha sido torturada. «Y es que a veces nos encontramos con que las propias víctimas niegan haber sido torturadas contra toda evidencia, por miedo a las represalias», explicó.

Este Protocolo de Estambul tiene un peso decisivo en el estudio encargado por Lakua, dado que constata la casi total credibilidad de las denuncias analizadas en Euskal Herria. Seis expertos multidisciplinares explicaron por la tarde cómo se ha aplicado y qué han concluido.