Violaciones de ultraderecha y FSE, reconocidas en un informe oficial

Lakua ha enviado al Parlamento un informe de Argituz, presentado como paso inicial, que reconoce oficialmente por vez primera la violencia de motivación política contra mujeres en Euskal Herria. Sobresalen los ataques sexuales con resultado de muerte por grupos de ultraderecha y las violaciones en comisaría, estas hasta fechas bien recientes.

Mes y medio después del estudio que por primera vez reconoció oficialmente la práctica masiva de la tortura en Euskal Herria, la Secretaría de Paz y Convivencia de Lakua ha remitido esta semana al Parlamento un trabajo más modesto pero igualmente pionero a nivel institucional: lleva la firma de Argituz y describe la violencia de motivación política contra las mujeres en el caso vasco, circunscribiéndose al periodo habitual (desde 1960 hasta hoy).

A datos conocidos y reconocidos como las víctimas mortales de atentados de ETA se suman otros negados oficialmente durante años e incluso décadas. Es el caso de la «violencia sexual perpetrada por grupos parapoliciales y planeada utilizando el cuerpo de las mujeres como ‘arma de guerra’», que se tradujo en al menos 16 casos de agresiones solo entre 1979 y 1980, dos de ellas con resultado de muerte (Ana Tere Barrueta, de 17 años, en Loiu, y María José Bravo, de 16, en Donostia), a lo que siguió «la grabación con distintos objetos punzantes de esvásticas o las siglas GAL en los cuerpos de mujeres». Y junto a ello se recoge la aplicación de violencia de índole sexual en comisarías durante detenciones incomunicadas. Argituz apunta aquí más de una decena de casos, matizando que «se desconoce el alcance total» a la espera de investigaciones más extensas.

Hay una característica común en estos dos bloques: «Los márgenes de impunidad, especialmente en los casos de torturas y violencia sexual, son muy elevados», constata el informe.

Pese a que nunca hasta ahora haya sido analizada de modo diferenciado, y resulte ya difícil corregirlo porque en muchas informaciones antiguas ni siquiera se concreta el género de la víctima, la importancia del factor machista queda clara en que por ejemplo «la violencia sexual perpetrada por grupos parapoliciales o de extrema derecha ha sido dirigida exclusivamente contra las mujeres», cuyo cuerpo viene a ser usado como «arma de guerra». En cuanto a comisarías y calabozos, existen casos de violencia de índole sexual contra hombres, pero mucho menos que contra mujeres.

En calabozos

Sobre la cuestión de la tortura sexual, Argituz reitera la imposibilidad de medirla teniendo en cuenta la divergencia de las cifras existentes (el reciente informe de Lakua constata unas 5.500 denuncias entre judiciales y extrajudiciales, la fundación Euskal Memoria eleva la estimación a 10.000...) El Instituto Vasco de Criminología sitúa el porcentaje de mujeres en torno al 15% del total de personas detenidas. Es imposible por ahora saber cuántas han sufrido violencia sexual, pero este informe sí cita algunos casos que van desde 1979 a 2011.

El primero es una mujer de Zestoa de 25 años que desde el cuartel de Intxaurrondo fue llevada a un descampado donde «le pellizcaron los pezones, le arrancaron pelos del pubis y le metieron el dedo en la vagina». El último es el conocido y detalladísimo testimonio de Beatriz Etxebarria, hoy en prisión, de una violación por parte de la Guardia Civil en marzo de 2011. En la primavera pasada, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado al Estado español por no investigar su denuncia.

Entre medio se citan los casos de Amaia Urizar, Maite Pedrosa, Mari Mertxe Alcocer... y otros anónimos. También la denuncia hecha por Amnistía Internacional sobre 43 detenciones en Bizkaia en cuatro meses de 1992, que destacaba que una de las arrestadas sufrió una hemorragia vaginal. Y se reproducen algunos párrafos del estudio basado en el Protocolo de Estambul que confirma la credibilidad de testimonios de torturas sexuales. En ese trabajo se peritaron 45 casos y en tres de ellos se habían producido violaciones: dos eran mujeres y uno hombre.

Ultraderecha

Más antigua, aunque igualmente sórdida y todavía más brutal, es la violencia machista en ataques de ultraderecha contra mujeres vascas, definida en el informe como un intento de provocar «terror no solo a las propias víctimas sino también a distintos segmentos ideológicos de la población que comparten una sensibilidad nacionalista vasca o de rebeldía ante lo establecido». Argituz detalla en esta primera aproximación al asunto nueve violaciones consumadas (incluidas las dos mortales referidas al inicio) y seis intentos de violación.

La mayoría se suceden entre 1977 y 1980, primero en la zona de Iruñea y después, en seis meses terribles, entre Irun y Donostia. Ya en 1980 esta práctica se reproduciría en Bizkaia. Argituz recalca elementos comunes: se trata de «zonas geográficas con mucha conflictividad política, a las que se quiere castigar», los autores son siempre más de dos individuos, van armados, las víctimas son habitualmente muy jóvenes (desde 14 años), se ejecuta en descampados...

Han sido documentados además una quincena de casos de mujeres secuestradas y marcadas utilizando cuchillas (cruces gamadas, símbolos de los GAL...) Explica el informe que sus parejas o familiares más cercanos suelen ser «presuntos miembros de ETA, refugiados o simplemente cargos o militantes destacados de sindicatos o partidos». Una abertzale de Gasteiz llegó a sufrir cuatro ataques similares. Esta práctica violenta alcanza también a hombres y está más extendida que la anterior: Elorrio, Portugalete, Errenteria, Urruña... Y, sobre todo, es impune: «No se ha investigado policial ni judicialmente».

«La viuda de Leizar», el ejemplo de la invisibilidad

Entre las dificultades del trabajo se cita que en el pasado muchas veces las mujeres quedaban invisibilizadas. Un buen ejemplo es el de Frantziska Saizar Ureta, muerta de un ataque cardíaco en Ondarroa en 1975 al irrumpir la Guardia Civil en su casa. Durante más de 30 años, en todas las publicaciones se alude a ella como «la viuda de Leizar». Hasta 2008 no trascendió su nombre.R.S.

El 70% de mujeres muertas en atentado no eran objetivo directo

El repaso de Argituz a la violencia sobre mujeres en el caso vasco empieza por las vulneraciones del derecho a la vida. Desde 1960 hasta hoy, enumera 78 muertes, si bien cree que cuatro de ellas «necesitan mayores clarificaciones, informaciones y contraste para definir con rigor e imparcialidad cuestiones relacionadas con el ‘modus operandi’ o la autoría» (Blanca Salegi, Luzia Urigoitia, Rosa Zarra y Kontxi Sanchiz). De ellas, 58 fallecieron en acciones de organizaciones armadas (sobre todo ETA, pero también DRIL o Mendeku); 9 a manos de Guerrilleros de Cristo Rey, Triple A, GAE, BVE y GAL; y 7 en actuaciones de las FSE.

El número resulta muy inferior al de hombres fallecidos a consecuencia del conflicto (954 según el cómputo del informe, es decir, hay más de doce hombres muertos por cada mujer). Ello se achaca en el estudio a la existencia de «una realidad social de desigualdad que atribuye distintos roles a cada sexo. Las mujeres están tradicionalmente alejadas de los centros de decisión políticos y excluidas de los ámbitos de poder, lo que implica que las víctimas seleccionadas sean mayoritariamente hombres».

Refuerza este concepto el hecho de que únicamente en el 30% de las muertes de mujeres la fallecida era el objetivo concreto de la acción. Dicho de otro modo, el 70% de las víctimas mortales se debieron al carácter indiscriminado de los atentados: así, de las 21 personas fallecidas en la explosión de Hipercor de 1987, 15 eran mujeres. Varias más han perecido en atentados contra casas-cuartel, por ejemplo. Tanto la primera como la última víctima mortal incluidas en este listado son niñas: Begoña Urroz, la bebé que murió en una acción del DRIL en la estación de Amara en 1960, y Silvia Martínez, la hija de 6 años de un guardia civil alcanzada por un coche bomba en Santa Pola en 2002.

En la misma línea, no existen secuestros de ETA a mujeres como objetivo principal, aunque sí han sido usadas eventualmente como rehenes por acompañar a las víctimas varones contra quienes sí iba a atentar. Y al menos trece fueron retenidas tras sustraer sus coches.