Las inundaciones en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf son frecuentes. El año pasado, los hogares y reservas alimentarias de unas 5.000 familias, o dicho de otra manera, de cerca de 25.000 personas, resultaron dañados o destruidos. Quienes perdieron su hogar fueron realojados por familiares.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) repartió 10.000 lonas plásticas, 400 rollos de plástico aislante, 10.000 mantas, 2.000 bidones de agua y utensilios de cocina, además de materiales de reconstrucción.

Pero los efectos devastadores de las lluvias torrenciales no solo se dejan sentir en los campamentos. Las intensas precipitaciones caídas en los últimos días en los territorios ocupados han desenterrado a las afueras de Smara varias de las minas antipersona diseminadas por toda la geografía saharaui durante la guerra. Explosivos que vuelven a poner sobre la mesa el inconcluso proceso de negociación entre el reino alauí y el Frente Polisario por la actitud obstruccionista de Rabat y la indiferencia absoluta de la comunidad internacional. En el caso del Estado francés, colabora abiertamente con el régimen de Mohamed VI.

Al amplio catálogo de vulneraciones de derechos que se dan cada día, se suma la persistencia de los mortíferos artefactos. El desminado humanitario, desarrollado a medias por iniciativas privadas en zonas liberadas, es otra tarea pendiente, así como dotar a la misión de la ONU de la capacidad para monitorizar los derechos humanos, petición bloqueada sistemáticamente por el Consejo de Seguridad.