Esa irritante intrusa que es en cualquier sociedad culta la censura se nos vuelve a colar por la puerta grande. Otra vez de mano de responsables políticos y gestores culturales. Sin ceses ni dimisiones. Patronos y director de Donostia 2016 han vetado las obras de presos políticos de la exposición «Sin lugares, sin tiempo» sobre la reclusión.

La valiente denuncia de los comisarios de la muestra mutilada no ha logrado frenar el atropello, aunque sí ha multiplicado su repercusión, gracias, entre otras razones, a la patética explicación que se vieron forzados a dar el propio director Pablo Berástegui y el diputado de Cultura Denis Itxaso. Las obras censuradas «no tienen en su contenido nada que pueda herir», ad- mitió el gestor, pero... la mera exhibición de eso que no hiere «podría herir a las víctimas del terrorismo», alegó el patrono, en nombre del proyecto que se presenta, nada menos, como «cultura para la convivencia». ¿No era la cultura un espacio de reflexión sobre los conflictos humanos?

Y no es solo que se ignore a tantas otras víctimas –ese sería otro debate–; ni que se hurte la palabra y la imagen –¿la dignidad?– a las personas privadas de libertad y se les sustituya –de modo acertado por los comisarios– por un papel de estraza; ni que se añada caprichosamente una condena extra de invisibilidad por ser quien es a quien ya cumple pena; ni siquiera que se justifique en nombre de unas víctimas la censura... Es que, además, tratan a la sociedad como estúpida e inmadura. Es un vestigio de los totalitarismos: gestionar los recursos públicos como si fuera para súbditos y no para ciudadanos libres.