Pobreza energética y dejadez de las Administraciones

Esta misma semana un caso de pobreza energética ha estado a punto de costarle la vida a 5 personas, un menor de 15 años, dos vecinas y dos policías municipales que acudieron en su ayuda; y sí, fue aquí en Navarra, en Pamplona para más datos. La pobreza energética es la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 21ºC en invierno y 25ºC en verano, según los criterios de la OMS). Es un hecho contrastado y contrastable que millones de hogares en el Estado y miles de hogares en Navarra padecen pobreza energética. ¿Y qué hacen las distintas Administraciones?

El Gobierno y el Parlamento españoles simplemente se inhiben, lo cual no es extraño cuando basta hacer un pequeño repaso de los consejos de administración de la empresas suministradoras de energía y observar el porcentaje de expresidentes, exministros, exdiputados y ex altos cargos que los pueblan. Han permitido que tengamos una de las energías más caras de Europa; han «perdonado» una deuda de más de 5.000 millones a dichas empresas; consienten que se interrumpa el suministro a familias vulnerables de forma unilateral, sin ningún derecho de defensa previo; y un largo etc.

El Gobierno y el Parlamento navarros tampoco han asumido la misión de luchar contra esta lacra social, limitándose a firmar unos convenios con algunas empresas comercializadoras, ni siquiera con todas. Este convenio es solo eso, un acuerdo entre las partes no desarrollado ni protocolarizado, y que, básicamente, supone que entre toda la ciudadanía les sigamos pagando los beneficios a las suministradoras, sin plantear siquiera que una parte de esos impagos de familias en situación de vulnerabilidad —o directamente en exclusión social— sean asumidos por empresas que tienen beneficios multimillonarios.

Los ayuntamientos navarros sí que han empezado a actuar, en alguno de ellos incluso existen ordenanzas municipales donde dichas corporaciones asumen el pago de los suministros y alguno de ellos está estudiando la posibilidad de crear una empresa comercializadora de energía. Digamos que en una escala de funciones, responsabilidades y competencias van muy por delante de la administración autonómica y a años luz de la estatal, de hecho en muchas localidades ya no se corta el agua allí donde todavía es competencia municipal.

Hoy nos hemos «desayunado» con el anuncio del pacto entre el PP y el PSOE de «mejora» del bono social para garantizar el suministro a las familias más vulnerables –concepto no muy bien definido, establecido por el Gobierno, y que excluye los criterios de los Servicios Sociales–. Medida que se toma horas antes del comienzo de movilizaciones por todo el Estado español contra la pobreza energética y los cortes de luz. Estaremos con toda la atención puesta en la letra pequeña del acuerdo, más aún tras la subida de un 30% en el precio del kilovatio-hora producida este último mes. Vigilantes para que nuestros derechos no se conviertan en moneda de cambio en función de la aritmética parlamentaria sino para que estos sean realidades defendidas desde el verdadero convencimiento y compromiso político.

Porque, alguien puede contestarnos: ¿Cuántas vidas valen unos cuantos beneficios?