El incumplimiento sistemático por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de la sentencia del TC del 23 de junio, que declara nulos e inconstitucionales los cambios legislativos introducidos por el Gobierno español en diciembre de 2013 para dejar de pagar el subsidio por desempleo a los presos vascos, comienza a resquebrajarse. Con el apoyo de la Abogacía del Estado, este organismo dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha llegado a insistir en los argumentos anulados, lo que ha derivado en una denuncia por prevaricación de LAB contra la directora del SEPE en Bizkaia, y también en el silencio administrativo hasta que los juzgados han actuado.

En una resolución dictada el 29 de noviembre por el responsable del SEPE en Gipuzkoa, se acordó proceder a la ejecución de una sentencia firme de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que, ateniéndose a la respuesta dada por el TC, declaró el derecho de un expreso a percibir el subsidio por excarcelación por seis meses, prorrogables por periodos semestrales, hasta un máximo de año y medio.

El caso de este antiguo prisionero fue el que motivó que el TSJPV planteara cuestión de inconstitucionalidad sobre esta normativa, una pataleta desatada después de que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo obligase al Estado español a liberar a decenas de vascos a los que había prolongado su condena ilegalmente. Es también el primero que ha forzado a mover pieza al Ejecutivo Rajoy, reconociendo su derecho a percibir 2.556,04 euros siempre que el expreso cumpla con la norma que no le querían aplicar y que originó el pleito.

No es un caso aislado, a la vista de otros movimientos que pueden acabar con esta situación de indefensión. Otro antiguo prisionero guipuzcoano también ha cobrado y el SEPE ha comunicado a otras 16 personas –quince en Bizkaia y una en Gipuzkoa– que el 10 de enero se les abonará junto a los atrasos.

En Nafarroa, donde hay al menos ocho reclamaciones, el Juzgado de lo Social nº 3 de Iruñea ha estimado la demanda de otro represaliado que fue excarcelado en marzo de 2014, tres meses después de que entrase en vigor la reforma de la Ley de Seguridad Social que promovieron el PP y UPyD. El SEPE denegó su solicitud de subsidio y el afectado, después de reclamar por la vía administrativa, interpuso una demanda. En el juicio, el propio servicio estatal reconoció el efecto de la sentencia del TC, por lo que el juez no hizo sino aplicarlo.

Las trabas en la percepción de esa ayuda de 426,08 euros mensuales ha llevado a muchos expresos a necesitar del apoyo económico de Harrera. Desde esta organización se incide en que la virtualidad del subsidio «es cobrarlo en el momento en que la situación de necesidad es mayor, el momento de la excarcelación, no mucho tiempo después tras pleitear en los juzgados y gracias a que LAB nos está prestando asistencia jurídica».

Desde 2014, según sus cálculos, el Gobierno español ha dejado de abonar 454.119.04 euros, que han asumido desde Harrera Elkartea, detrayendo el dinero de otros programas. En ese tiempo han recobrado la libertad 220 personas, de las que 93 han interpuesto demanda judicial; 73 lo hicieron antes de la sentencia del TC y 20 después. Para Harrera ha supuesto que en 2014 tuviera que destinar 116.189,50 euros a ayudas. En 2015 fueron 202.688,52 y en este ejercicio serán otros 135.241,02.

Prolongar el castigo

La estrategia de prolongar el castigo, a pesar de que la propia legislación española es clara, ha supuesto para Harrera una traba importante para el desarrollo de otras iniciativas. Por el contrario, al Ejecutivo español no le «ahorra» muchos fondos ya que el «máximo» que se hubiera destinado a los 220 expresos y expresas son 1.686.960 euros.

Estima que no se llegaría a esa cantidad, pues algunos de los prisioneros, por el periodo que han estado en la cárcel, no tienen derecho al subsidio. Luego están aquellos que disponen de recursos, otros han encontrado empleo y están los que tenían derecho al paro o han comenzado a cobrar una pensión, sin olvidar a los que podían percibir ayudas sociales por sus circunstancias personales. La asociación aventura que, más o menos, el Estado español habría dejado de pagar 1.265.220 euros.

 

Harrera Elkartea agradece el respaldo pero insiste en las carencias que se deben satisfacer

Los obstáculos creados por el Gobierno español para seguir castigando a presas y presos tras su excarcelación están condicionando mucho la actividad de Harrera Elkartea, a pesar de que cada vez son más las personas que se les acercan para colaborar de alguna manera. Lo agradecen públicamente, pero no bajan la guardia. La asociación que se constituyó en junio de 2012 para ayudar a la integración social de quienes han sufrido cárcel y exilio por su compromiso político ha visto cómo, a partir de 2014, ha tenido que destinar tres cuartas partes de sus fondos a ayudar a esas personas a las que se denegaba el subsidio.

En este contexto especial, realizan una llamada a aquellas personas que puedan realizar una aportación para que lo hagan. Aclaran que, aunque es en las ayudas mensuales en lo que se están volcando, también trabajan en solucionar los problemas que les puedan surgir habitualmente a los antiguos prisioneros en ámbitos como el jurídico-administrativo, vivienda, salud y trabajo.

Los ingresos conseguidos por la organización para desarrollar sus actividades han crecido al tiempo que los grupos que trabajan en pueblos y barrios aumentan, especialmente a través de las cuotas mensuales, además de otras aportaciones que suelen recibir y del dinero que obtienen por algunas iniciativas puntuales. El hándicap es que la mayor parte de los ingresos los deben destinar a expresos o personas que regresan del exilio «con el agua al cuello» al encontrarse sin recursos y sin ningún tipo de amparo, que necesitan «con urgencia» de la ayuda de Harrera. «Nosotros pedimos en nombre de ellos y por tanto, somos también quienes debemos agradecer el respaldo que recabamos», enfatizan.

En la actual situación, viendo que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) trata de demorar «hasta el límite» el abono del subsidio de 426,08 euros mensuales que les correspondería a todos los expresos que no tuvieran recursos, agradecen la labor de asesoramiento y defensa que están recibiendo del sindicato LAB.

También de aquellos particulares y empresas que les ofrecen un puesto de trabajo en la actual situación de crisis y con los perfiles de quienes los demandan. «Se trata por lo general –explican– de personas que han superado los 40 años y han pasado mucho tiempo en prisión. Algunos, por por suerte, han cumplido condenas más pequeñas o son jóvenes... pero no suele ser esto en la mayoría de los casos a los que debemos hacer frente». Son varias las decenas de expresos que lo han conseguido a través de Harrera, que destaca la importancia que tiene la reintegración laboral para llevar adelante una vida digna.

Tampoco debe pasar desapercibida la labor que realiza la asociación acompañando y aconsejando a los expresos y exrefugiados en sus gestiones ante la Administración para legalizar su situación. Son trámites como los relacionados con el carnet de conducir o de identidad, empadronamiento, pasaporte, tarjeta médica, subsidios o pensiones a las que pueden tener derecho.

Otro aspecto importante es la atención médica, para tratar de resolver los problemas que hayan podido surgir en sus estancias en la cárcel o el exilio. Harrera Elkartea pone a su disposición la ayuda de unos equipos de oftalmólogos, dentistas y sicólogos.A.G.