Un yihadista va a Osakidetza

Un yihadista de Bilbao cobra la RGI», informaba ‘El Correo’ en la portada del 3 de enero. Al diario le pareció noticioso que un musulmán radicalizado fuera pobre y que tuviera acceso al instrumento que el Gobierno vasco utiliza para atacar la pobreza. Los vascos, yihadistas o no, suelen hacer uso de las prestaciones sociales sin que nadie les pregunte qué votan o qué opinan del Estado Islámico, por lo que supongo que también podrían haber explicado que el condenado hacía uso de otros servicios, como la asistencia sanitaria o el bonobús.

Pero se fijaron en el cobro de la RGI, y no es casual. Durante los últimos años, sobre todo desde el inicio de la crisis, hemos sufrido un auténtico bombardeo informativo destinado a normalizar las recetas neoliberales que apuestan por desmontar el estado de bienestar.

En este bombardeo generalizado, apuntar contra la sanidad, la educación, el paro o las bonificaciones del transporte es más complicado, puesto que son servicios ampliamente conocidos y utilizados. No así la RGI, que son unas rentas que perciben solo los más pobres.

El ruido constante destinado a construir la sensación de un supuesto despilfarro social encuentra en la RGI el eslabón débil de las políticas de redistribución, precisamente porque beneficia a los más débiles, los que menos pueden defenderlas. Destacar en titulares los casos más extravagantes solo pretende reforzar el prejuicio contra la renta y sus perceptores.

La política de renta de garantía de ingreso se ha demostrado un instrumento eficaz, justo y de fraude asimilable a cualquier otra prestación. Si alguna crítica puede hacérsele es que se queda corto. Pocos defenderían acabar con la sanidad pública porque un yihadista fue a Osakidetza, pero contra la RGI todo vale. Lo que deben saber quienes lo hacen es que cuando ponen en tela de juicio estas ayudas están cuestionando la punta de lanza de la política social en su conjunto. Atacar la RGI es atacar el corazón de la redistribución y abrir la puerta a cuestionar el conjunto de servicios públicos.