Escribiendo desde la indignación, cuatro pinceladas sobre la situación actual de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI):

Primera. El debate sobre la ampliación de la cuantía de la RGI y su relación con el Salario Mínimo Interprofesional ha tapado otro referido a cuándo iba a revertir el Gobierno Vasco el recorte que había hecho en el año 2011 de manos del PSE. Esa reducción de la prestación en un 7% era temporal, pero seis años más tarde ese recorte se va a convertir en definitivo y hay que interpretar que queda consolidado.

Segundo. Desde hace años se lleva a cabo en silencio un recorte continuado de la prestación de RGI con el objetivo de que no suba la factura final, que es lo que importa. Para ello, se aplican criterios restrictivos y –muchas veces– ilegales. La consecuencia es que se deja a los colectivos más débiles de la sociedad en una situación de indefensión manifiesta frente a la máquina de la administración. El ejemplo de una gestión deplorable son los expedientes individuales de Lanbide. Carecen en muchos casos del mínimo rigor, pero con ellos se suspenden temporal o definitivamente RGIs y se inicia el cobro de las llamadas prestaciones indebidas... de manera unilateral. Lanbide es juez y parte, y es el o la perceptora quien a posteriori debe demostrar que la decisión de este organismo no se ajusta a derecho (¿pero de que viven durante el periodo que dura la reclamación?). Quienes culturalmente suelen tener mayores carencias o incluso quienes casi no se expresan en castellano deben interpretar unos escritos de cortapega, farragosos y nada específicos y empezar su lucha en el terreno de la propia administración (el del derecho administrativo), con las armas de esta (plazos, trámites de audiencia...). Pero aunque consigan reclamar, no les va a servir de nada. Lanbide sistemáticamente no atiende a sus razones, ignora sus alegaciones o recursos y pone en marcha su ciego engranaje, sin tener en cuenta las situaciones dramáticas que desencadena. Porque sí, hay personas detrás de los expedientes. Aunque sacamos muchas reclamaciones adelante, en infinidad de casos, por desconocimiento o por agotamiento, no se reclama lo que corresponde y el derecho subjetivo se volatiliza. Este análisis sobre la lamentable gestión de Lanbide es compartida –en distinto grado– por todas las organizaciones que trabajamos en este ámbito, incluyendo algunas poco sospechosas como Cáritas o el propio Ararteko. Y los gobiernos de turno no han hecho nada para mejorar la situación.

Tercera. En esta situación llega la decisión del Gobierno Vasco de no aplicar la subida del 8% a la Renta de Garantía de Ingresos, pese a que esa subida del SMI es la referencia normativa, vía ley aprobada por el Parlamento Vasco. Es el Gobierno Vasco quien recurre a una normativa del Gobierno central –cuya injerencia denuncia continuamente– para saltarse una ley propia. Aplicando la nueva fórmula de revalorización (el IPC) el poder adquisitivo de quienes reciben la prestación de RGI desde enero de 2011 –justo cuando más ha golpeado la crisis económica– se va a reducir en más de un 12%. Aceptando que se tenga en cuenta el IPC, se pierde para siempre la referencia legal del SMI, que se incluyó en la ley precisamente para evitar lo que está sucediendo. Y lo más grave: el ajuste presupuestario lo van a pagar las familias monoparentales, jubilados y jubiladas con pensiones mínimas, personas en situación de exclusión social por infinidad de causas, y unidades familiares que acabaron hace tiempo de cobrar el paro o el subsidio y que se encuentran en situación de extrema necesidad. Sigue siendo más importante acelerar la llegada del AVE que atender las necesidades de las personas. A mi juicio, es algo inmoral e injustificado. Se trata de una decisión indigna, que califica éticamente a quien la tome y quienes la amparen. Ni la sociedad vasca ni sus representantes deberían tolerar nunca algo así.

Cuarta. No es nada tranquilizador que se vaya a remitir la cuestión de la RGI al Parlamento Vasco para «iniciar un profundo análisis del sistema». Cuando se habla de «espacios de mejora», o de «de mayor rigor y control» da la sensación que está calando la idea que es necesario replantearse a la baja el actual sistema (que es lo que venía defendiendo el PP desde tiempos de Alonso). Mucho me temo que podemos estar a las puertas de un nuevo recorte social que afecte a la subjetividad misma del derecho, o traiga un endurecimiento de las condiciones de acceso. Al tiempo.

Ante la situación de abandono en la que se encuentran estos colectivos por parte de Lanbide (ni les informan ni les asesoran, tan solo les persiguen) algunas personas colaboramos voluntariamente asesorando a perceptores de RGI. Con el paso del tiempo ya conocemos de primera mano el doble juego del Gobierno de Urkullu. Públicamente la defiende mientras en el día a día criminaliza a quienes la piden y busca cualquier subterfugio para recortar o suspender su aplicación. De esta manera, han conseguido convertir a la administración en el enemigo de su propia ciudadanía.