Euskal Herria es un pequeño país altamente urbanizado en el que pocos valles y montañas se libran de las profundas huellas que ha dejado la actividad humana. Una de los pocos territorios que ha evitado una fuerte degradación ha sido la sierra de Aralar, monte público, protegido por diferentes figuras jurídicas, y utilizado tanto para la ganadería como para actividades relacionadas con la montaña. Desde hace tiempo los ganaderos que utilizan sus pastos reclaman una mejora de los accesos hasta las bordas. Reivindican asimismo el papel que desempeña el pastoreo en el mantenimiento de la sierra de Aralar tal y como la conocemos en la actualidad. Frente a ellos, ecologistas y naturistas se oponen a la construcción de nuevas infraestructuras que tendrán –según resumieron los portavoces de Aranzadi– un impacto «severo e irreversible» en la sierra. Además, reclaman participar en la gestión de un bien que es público. Cada parte mantiene argumentos consistentes pero incompletos que exigen buscar puntos de encuentro que permitan avanzar hacia una solución.

Sin embargo, la Diputación Foral de Gipuzkoa, en vez de tratar rebajar la tensión, sosegar el debate y poner los medios para tratar de llegar a algún acuerdo, ha optado una vez más por la política de hechos consumados. Ha comenzado las obras de las nuevas pistas que han sido recurridas en los tribunales, enconando todavía más las posiciones y alejando cualquier posibilidad de encauzar el conflicto con la participación de todas las partes afectas. Sorprende esta huida hacia adelante cuando la cuestión quedó zanjada hace años. Quizás, los nuevos gestores forales busquen réditos electorales contentando a un determinado grupo de presión; o tal vez, esta sea una de las muchas promesas que hicieron para ganar las últimas elecciones y ahora se han decidido a cumplirla pasando por encima de todo. En cualquier caso, el diseño de las pistas añade nuevos interrogantes que a día de hoy continúan sin respuesta.