El Gobierno navarro sorprendió recientemente abonando al Estado en el último trimestre del año pasado 60 millones de euros como pago por el convenio. Son 93 millones menos de los exigidos por Madrid, que reclamaba a Iruñea 153 millones como aportación navarra a los gastos generales del Estado durante los últimos tres meses de 2016. Para defender la jugada, el Gobierno foral alega que los informes de la Hacienda navarra indican que la prorroga del anterior convenio (el de 2010-2014) perjudica los intereses de la ciudadanía navarra, ya que se ha pagado a las arcas del Estado entre 100 y 250 millones de euros de más cada año. Si esto es así, el impago de Iruñea, evidentemente, está más que justificado y debería obligar a los responsables del anterior Gobierno a explicar por qué permitieron semejante sangrado, más aún cuando ocurrió en época de recortes.

Mientras los informes de Hacienda no se hagan públicos, habrá quien ponga en duda la cifra. Lo que no tiene discusión ninguna, sin embargo, es el hecho de que el convenio no se renovó en 2015 porque al Gobierno de Rajoy no le dio le vino bien sentarse a renegociar un convenio cuya prórroga le resulta beneficiosa. La jugada del Gobierno de Uxue Barkos es inteligente, ya que, por lo pronto, ha obligado al Estado a volver a sentarse en una mesa a la que no tenía intención ninguna de acudir.

Pero el potencial de la decisión va más allá, ya que el debate genera gran incomodidad a UPN, PP y PSN, gestores que propiciaron un convenio lesivo y que difícilmente podrán atacar el esfuerzo del Gobierno por conseguir un acuerdo mejor –la ausencia de los de Esparza y Chivite en el debate celebrado ayer en el Condestable es la mejor muestra–. La legislatura del cambio llega este año a su ecuador, por lo que resulta crucial, junto al cumplimiento íntegro del programa, empezar a establecer marcos de debate ganadores que allanen el terreno a una nueva victoria del cambio. El debate sobre el convenio es uno de ellos.