En vísperas de la tramitación en el Parlamento de la ley que habilita el inicio del Brexit, la primera ministra británica, Theresa May, se reunió con los gobiernos de las naciones implicadas en el proceso de devolución: Escocia, Gales e Irlanda del Norte. El encuentro dejó dos mensajes claros. May afirmó que solamente su Gobierno negociará con Bruselas y, con respecto al contenido de la negociación, concretó que el objetivo no es otro que lograr una salida del mercado único. El Gobierno de Londres no ve otro modo para controlar lo que se ha convertido en elemento central del debate político: la inmigración. El fuerte mensaje fue suavizado con la voluntad de May de mantener abierto el diálogo.

Por si había alguna duda, la reunión de ayer dejó claro que el Gobierno británico apuesta por un Brexit duro que deje a las islas fuera de la UE. Además, no mostró ninguna intención de intentar conjugar sus planes con la legitimidad que otorgaron las urnas en Escocia e Irlanda del Norte a los partidarios de continuar dentro de la UE con el establecimiento, por ejemplo, de un estatus especial para aquellas naciones que pretendan mantenerse dentro del mercado único, tal y como reclama el Sinn Fein. Esta posición del Gobierno de Londres abre gran cantidad de incógnitas. En Gales, zona industrial en declive donde vencieron los partidarios del Brexit, preocupa la pérdida de las importantes ayudas comunitarias. En Escocia inquieta el impacto que tendrá para su economía, así como la estrategia a seguir en esta coyuntura para fortalecer el proceso hacia la independencia. En Irlanda del Norte preocupa además el impacto que tendrá en el proceso de reunificación de la isla un nuevo fortalecimiento de la frontera, así como los cambios que puede acarrear el Brexit en el estatus legal surgido de los Acuerdos de Viernes Santo.

Un escenario endiablado que refuerza todavía más la convicción de que solamente la independencia garantiza el respeto a las decisiones democráticas de los pueblos.