Las pensiones en manos de la administración vasca

Entre los resultados de la encuesta que el Colegio Vasco de Economistas ha hecho a sus miembros destaca el apoyo de una amplia mayoría a que el sistema de pensiones se transfiera a la administración pública vasca. Las medidas relativas a la mejora de la financiación de las pensiones también gozan de un amplio consenso: favorable en algunos casos, como el apoyo a la reforma del mercado laboral o la necesidad de una reforma global del sistema; contraria en otros, básicamente en aspectos relativos a la reducción de las pensiones, el retraso de la edad de jubilación, o el aumento de los impuestos, quedando algunas medidas sin mayorías definidas. Entre estas últimas destacan la creación de un impuesto específico para financiar las pensiones o una cotización a la Seguridad Social específica para los robots que últimamente ha popularizado el candidato a las presidenciales del PS francés, Benoit Hamon.

Si bien en algunos casos el amplio consenso de la encuesta puede esconder medidas contradictorias –como puede ser, por ejemplo, el modo de afrontar la reforma del mercado laboral–, en otras cuestiones el sentido de las propuestas es claro y unívoco: la transferencia y gestión por la administración vasca del sistema de pensiones es una de estas últimas. El apoyo mayoritario de los economistas a esta medida indica que las campañas sobre la inviabilidad de un sistema vasco de pensiones tienen una base bastante endeble desde el punto de vista económico. Como es sabido la viabilidad de cualquier sistema no es solamente una cuestión aritmética sino que está en relación con otras variables socioeconómicas y políticas como pueden ser la riqueza de una comunidad, la fortaleza de la democracia y la relación de fuerzas sociales que puede impulsar un tipo u otro de políticas de distribución de la riqueza. Desde esta perspectiva, un sistema vasco de pensiones podría tener ciertos déficits, pero mucha mayor solvencia que en caso de mantenerse en manos ajenas.