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CAMPAñA CONTRA EL REFERÉNDUM

Una nueva operación judicial vuelve a situar a CDC bajo la sombra del 3%


La sombra del 3% sigue persiguiendo a Convergència Democràtica de Catalunya, partido en vías de extinción con innumerables frentes judiciales abiertos debido a las sospechas de financiación ilegal. A tan solo cuatro días de que el expresident Artur Mas –también expresidente de CDC– acuda a los juzgados por la celebración de la consulta del 9N, y a escasas semanas de que arranque el juicio por el caso Palau –también sobre financiación ilegal–, la Guardia Civil detuvo ayer a 18 personas y realizó numerosos registros por orden de un juzgado de El Vendrell (Tarragona) que investiga las comisiones que supuestamente Convergència habría cobrado a cambio de adjudicaciones de obra pública. Es decir, el 3% denunciado en su día por Maragall.

Ayer fueron un total de 18 las personas retenidas a las que se requirió presenciar algunos de los registros, pese a que las primeras filtraciones hablaron de 20 detenidos. En cualquier caso, entre los investigados hay figuras relevantes de la formación fundada por Jordi Pujol en los años 70. Entre los nombres más destacables está el de Sixte Cambra, exsenador de CiU y actual presidente del Puerto de Barcelona –a quien se acostumbra a situar en la órbita más cercana al expresident Artur Mas–. También están implicados el extesorero de Convergència Andreu Viloca –que ya fue detenido en la anterior operación contra CDC–, el exteniente de alcalde de Barcelona y otrora hombre fuerte del partido en la capital catalana, Antoni Vives, y el antiguo responsable de los servicios jurídicos de CDC Francesc Sánchez. Este último ha sido el encargado de liquidar el partido para dar vía libre al nuevo Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat).

Concursos amañados

La Fiscalía investiga la adjudicación de varias obras públicas por parte del Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato convergente de Xavier Trias, como son el túnel de la plaza Glòries, entre otros. Los fiscales anticorrupción sospechan que los concursos fueron amañados por las autoridades consistoriales, sospecha por la que la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció ayer la apertura de una investigación a fondo.

La operación de ayer es en realidad la cuarta fase de la investigación abierta en El Vendrell en 2014 contra el exalcalde de Torredembarra, de donde se ha extendido a toda Catalunya, siempre en busca del rastro de las comisiones que Convergència habría cobrado durante años a cambio de la adjudicación de diversas obras públicas.