La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dado por concluido el sumario de Altsasu con el procesamiento de nueve jóvenes –tres de ellos continúan todavía en prisión– a los que sigue atribuyendo un delito de «terrorismo». Es una nueva oportunidad perdida para detener el esperpento jurídico y mediático sustentado en una pelea nocturna como otras decenas en el Estado cada fin de semana, y aboca el caso a una nueva fase que tiene como horizonte el juicio.

Nueve jóvenes vascos se enfrentan por enésima vez a un proceso en la Audiencia Nacional a cuenta de un incidente que ha ido creciendo en gravedad hasta alcanzar la categoría de «terrorismo» por pura decisión de Estado. Una persecución más propia de otros tiempos, que evidencia la necesidad de sectores de ese Estado de revestir el presente de pasado y de fabricarse enemigos, reales o ficticios, para disimular sus grietas y tratar de detener los cambios que paulatinamente van abriéndose paso. Ni las versiones contradictorias ni los hechos objetivos conocidos han detenido un sumario con una clara intencionalidad política añadida: atacar el cambio en Nafarroa, buscando distorsionar el debate político y tratar de generar contradicciones entre las fuerzas que lo sustentan. Es, además, otro intento de entorpecer cualquier iniciativa en el proceso de resolución, en un ámbito como la desmilitarización que poco a poco va entrando en la agenda.

Pese a la desazón que provocan este tipo de tropelías, tanto el pueblo de Altsasu como la sociedad vasca en general están dando una respuesta ejemplar. A la vasta movilización de estos meses hay que añadir los apoyos logrados por los acusados, amplios y plurales –como las 130 personas del ámbito social y cultural que presentaron ayer un manifiesto o los más de 200 juristas que hicieron lo propio el martes–. Reflejan una sociedad movilizada por la justicia y la paz, y necesitada de que este tipo de montajes increíbles y castigos gratuitos se acaben para siempre.