La pluralidad no es solo un valor central de la democracia. En el medio y largo plazo, como consecuencia de los cambios en los equilibrios de poder, da pie a debates y negociaciones que pueden mejorar las políticas públicas. La gestión de esa pluralidad es complicada y molesta, pero ineludible. Requiere liderazgo y, si responde a esa pluralidad, esos liderazgos serán compartidos.

Frente a esta visión más constructiva, es triste ver maniobras como la de Gorka Urtaran en Gasteiz. No se corresponde con su mandato ni con su poder. El problema es que esta manera de afrontar la política y gestionar alianzas es demasiado común. Por ejemplo, es triste que una medida tan positiva como coordinar los sistemas de peajes y unificar los pagos de la A8 se haya retrasado hasta que las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa han estado en manos del PNV. Resulta asimismo paradójico ver a la Diputación de Bizkaia clonar políticas públicas que el anterior Ejecutivo guipuzcoano, de EH Bildu, puso en marcha en este ámbito, como el gasto máximo en peajes en la red de autopistas. Más aún viendo la beligerancia forzada que sigue sosteniendo al respecto el PNV en Gipuzkoa. Se trata de políticas que afectan positivamente sobre todo a los y las trabajadoras, que recuperan una parte de lo que tienen que invertir simplemente para ir a trabajar. También resultan pedagógicas y ahondan en un modelo más sostenible y equitativo; se corresponden con la realidad social vasca. Por eso, por encima de siglas, políticas como estas deberían extenderse a todos los territorios vascos cuanto antes.

La obsesión de la actual Diputación de Gipuzkoa con la incineradora es todo lo contrario. Además del debate sobre sus nefastos efectos sobre la salud y el déficit de participación, más allá de que tienen que tapar su mala fama con eufemismos como «centro medioambiental», sus responsables siguen sin justificar su necesidad –si su modelo es la incineración su opción más lógica sería Zabalgarbi, que sigue siendo ineficiente y deficitaria–, ni su viabilidad o rentabilidad –el presupuesto es de 217,6 millones de euros, pero habrá que pagar 31,6 millones de euros anuales durante 35 años, lo que suponen 1.106 millones en total–. También deberían considerar que, vista la pluralidad del territorio y la relación de fuerzas, esta hipoteca generacional resulta insostenible sin un debate, una negociación e incluso un refrendo.

Principio de realidad, alternativas y negociación

Toda política pública en infraestructuras que provenga de antes de la crisis debería, por principio, estar sujeta a debate y negociación. Nadie puede negar que aquellos proyectos respondían a otra lógica y a otros presupuestos. Solo por eso se deberían cuestionar y reorientar.

Esta semana se ha paralizado el TAV en Nafarroa. Después de tanta propaganda, suena exagerado, pero ese es el verdadero resultado del acuerdo entre el Gobierno español y el Ejecutivo de Uxue Barkos. Lo han hecho forzados por la realidad socioeconómica y jugando con las palabras para no admitir haber roto dogmas aún vigentes. Pero lo han hecho.

A partir de este punto, teniendo en cuenta además que no existe un proyecto definido y que la incertidumbre tanto en el modelo como en su viabilidad y financiación abre escenarios muy diversos, se debería empezar a trabajar en serio en las alternativas. Esto podría establecer un nuevo punto de partida para un modelo de tren que responda a los intereses, las necesidades y los retos de la ciudadanía vasca.

De izquierda a derecha, aunque sea por razones radicalmente distintas, existe un acuerdo sobre la importancia que tiene un sistema ferroviario dentro de las políticas de transporte, movilidad e infraestructuras. En general, la derecha defiende el tren desde una perspectiva keynesiana, de inversión, desarrollo y «bienestar». La izquierda lo hace desde la perspectiva de la sostenibilidad, el servicio público y, aunque sea en otro sentido, el «bienestar». En Euskal Herria, además, existe una industria ferroviaria potente y particular, con dimensión internacional y a la vez arraigo, que puede ayudar a ver tendencias y valorar esas alternativas.

Conocidos los argumentos y posiciones de unos y otros, una vez establecidos todos los principios y siendo cada vez más evidentes los límites, es hora de afrontar estos debates con realismo y ambición. Los retos que afronta Euskal Herria requieren políticas públicas innovadoras y gestionadas en parámetros políticos diferentes, no parroquianos y estratégicos.