Tortura, un espacio para probar la justicia transicional

En términos político-militares, la tortura ha sido quizás el elemento más característico de la lucha contra la insurgencia vasca por parte del Estado español. Con todas sus particularidades, la persecución política, la guerra sucia, la excepcionalidad jurídica, la vulneración de derechos civiles o la represión más clásica son comunes a todos los conflictos políticos, especialmente si tienen una dimensión armada. También lo es la tortura, no cabe dudas, pero la manera en la que ha sido utilizada, amparada y desarrollada en el Estado español contra los y las vascas es especial.

Ha sido salvaje, como siempre es la tortura, pero con el tiempo se ha ido además sofisticando sin por ello rebajar su crueldad. Así lo atestiguan aquellos que la han padecido en épocas tan diferentes como el final del franquismo y los comienzos del siglo XXI. Los datos muestran que se ha aplicado de un modo estructural, sistemático, contra una parte muy importante de las personas arrestadas bajo la denominada «ley antiterrorista» y sus derivados jurídicos. La Fundación Euskal Memoria ha constatado ya 5.657 casos, lo que supone que desde marzo han sido relatados 635 nuevos episodios de terror a manos de la Policía, más de dos cada día. Queda pendiente el informe definitivo de Lakua.

Diferentes organismos por los derechos humanos han denunciado que en el Estado español el maltrato es un mal endémico entre todas las policías y que históricamente se ha aplicado sobre todo a las capas sociales más desfavorecidas, a emigrantes y a gitanos. Sin embargo, aquí ha sido utilizada como arma política y ha tenido un «sesgo étnico» evidente. Es decir, se ha aplicado de manera significativa y diferenciada a una población concreta, la ciudadanía vasca.

Como todo en este conflicto, las cosas son más complejas, incluso paradójicas, de lo que algunos desearían. Al contemplar un periodo de al menos cinco décadas, entre los torturados hay todo tipo de personas, que fueron detenidas y maltratadas en contextos muy diferentes, y que tuvieron evoluciones personales particulares. No faltan quienes pasaron de haber sido maltratados a justificar ese maltrato a otros.

Y es que la tortura ha tenido bastante comprensión por parte de la sociedad española, imbuida durante décadas del espíritu antiterrorista. En el caso vasco, la creciente apatía y el hartazgo social respecto al devenir del conflicto, sobre todo en su última fase, provocó que una parte importante de la sociedad, la menos directamente afectada, mirase para otro lado. Lo que nadie se atreve en Euskal Herria es a negar esta trágica realidad.

Sin lugar a dudas, la tortura ha contado con la colaboración de todos los estamentos del Estado, desde los medios de comunicación hasta la judicatura, razón por la que ha sido totalmente impune.

Por todo ello es muy importante la labor de análisis y denuncia que se está desarrollando en relación a la tortura en Euskal Herria. Consecuencia de ese trabajo es también que se logre sentar en el banquillo a cuatro guardias civiles por las torturas a Sandra Barrenetxea. Tal y como reivindicaron ayer, tienen derecho a conocer la verdad, a la justicia, a la reparación y a obtener garantías de que en adelante nadie sufrirá lo que ellos.

Construir un marco de justicia más fructífero

Hasta aquí el relato de lo sucedido, su contexto y el discurso canónico al respecto. Pero en esta nueva fase política los elementos del pasado deben encontrar cauces para proyectarse a futuro en parámetros diferentes. La tortura ofrece un terreno propicio para experimentar con la justicia transicional, esa que aprovechando su impunidad el Estado español se niega a contemplar con los vascos, pero que avala en el caso colombiano.

En general, aunque tengan derecho objetivo a ello, por encima del castigo a sus torturadores concretos estas víctimas buscan el reconocimiento público de lo que les sucedió, la depuración de responsabilidades y una reparación institucionalizada que pone lo simbólico y moral por encima de lo material. Siempre que lo decidan las víctimas, esa vía es factible para las instituciones vascas tanto política como legalmente. No solo las instituciones, la sociedad civil puede jugar un papel interesante. Frente al espíritu de venganza que ha guiado a los torturadores españoles, en este terreno la sociedad vasca puede construir un marco de justicia propio que desnude al negacionismo, que aborte la impunidad, que sirva de ejemplo y nos mejore como sociedad.