Arturo Puente
Periodista
JO PUNTUA

En Murcia sí

Estos días se ha desvelado que la Fiscalía ha sido teledirigida desde la Moncloa para obtener objetivos políticos. No se lleven las manos a la cabeza todavía: eso ha pasado, según dicen, en Murcia, no en Catalunya. En Murcia sí; en Murcia los partidos, los medios de comunicación y el común de los opinólogos del país han visto la mano negra del Gobierno, a través de la Fiscalía, para evitar la acusación por corrupción contra el presidente Pedro Antonio Sánchez.

Pero en Catalunya no. En Catalunya, ni la acusación contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por el 9-N, ni la petición al Constitucional de abrir la vía penal contra Forcadell, ni la extraña operación contra la corrupción que tuvo lugar hace dos semanas y que dirigió, básicamente, la Fiscalía. Ni siquiera la disparatada rueda de prensa que el martes ofreció la fiscal jefa de Barcelona para denunciar amenazas por parte de los manifestantes en el juicio de Mas.

Nada de eso tiene relación alguna con el poder que tiene el Gobierno sobre el ministerio Fiscal. El PSOE no lo ha denunciado, Podemos tampoco, no ha salido en ninguna tele ni en ningún diario español y, quien lo diga, tendrá sobre sí el sambenito de ser un independentista fanático dispuesto a hacer la vista gorda ante los desmanes de Junts pel 3%.

Pero cae por su propio peso. La actuación de la Fiscalía, en Murcia y en Catalunya, es a grandes rasgos la misma. Es un órgano al servicio del Gobierno, y que este Gobierno no tiene ningún reparo en usar a su antojo.

La diferencia en el tratamiento, pues, no se debe al hecho sino a las circunstancias. Si nadie denuncia la guerra judicial en Catalunya es porque allí hay algo más importante que salvar que la independencia judicial: la unidad de España. Todos contra el fuego. No hay tiempo que perder, ya hablaremos de los detalles menores más tarde, entre bomberos no nos pisemos las mangueras. Esto se quema y debemos luchar juntos, ¿o es que está usted a favor del fuego?

Las razones de Estado son así. La pregunta es hasta qué punto está dispuesto el ciudadano español de a pie a que se degrade su democracia en favor de salvaguardar la unidad territorial. Así que sean pesimistas.