Homs admite los hechos del 9N, pero niega que sean delito

Tras el paso de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por los tribunales, el Supremo acogió ayer el juicio a Francesc Homs, cuarto cargo público procesado por el 9N, juzgado en Madrid por ser diputado en el Congreso. Asumió los hechos imputados, pero negó que sean delito, al considerar que la consulta original sí que fue suspendida.

El juicio contra el 9N tuvo ayer su segunda edición en el Tribunal Supremo, donde empezó la vista oral contra el diputado de PDECat (antigua Convergència) en el Congreso Francesc Homs. Después de que el expresident Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Educación Irene Rigau fuesen juzgados a principios de febrero en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Homs se convirtió ayer en el cuarto cargo público en sentarse en el banquillo, acusado también de desobediencia y prevaricación por el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014, fecha en la que era conseller de Presidència y portavoz del Govern.

No hubo grandes sorpresas en la declaración de hora y media de Homs. Se esperaba una actitud algo más desafiante por parte del acusado, acorde con su carácter, y en momentos así fue, pero en términos generales la línea de defensa de Homs fue la misma que lucieron en Barcelona Mas, Ortega y Rigau. En resumen, Homs defendió que la consulta original fue suspendida en obediencia a la decisión del Tribunal Constitucional y que fue sustituida por un proceso participativo ejecutado en su mayor parte por los más de 40.000 voluntarios. Del mismo modo, reiteró que la providencia del TC que suspendió el 9N fue también poco clara, razón por la que decidió no suspender el proceso en marcha.

Pese a ello, el juicio vivió algunos momentos de tensión, como cuando Homs y el fiscal se enzarzaron en un rifirrafe a cuenta de las constantes interrupciones del segundo, afeadas por el acusado. «Esta no es su casa», le espetó el presidente del tribunal, Manuel Marchena, el principal de los siete jueces sobre los que recaerá dictar sentencia tras el juicio, en el que el Ministerio Fiscal reclama nueve años de inhabilitación. Algo que podría ocurrir si el tribunal se aferrase al momento más político de la sesión celebrada ayer, que llegó en el instante en el que Homs resumió su posición en una frase: «Los hechos que se me imputan no los negaré, son una evidencia. Lo que pongo en duda es si su comisión es constitutiva de ilícito penal».

Paseíllo con compañía

Homs llegó a las puertas del Supremo acompañado de la plana mayor de su partido, con Artur Mas a la cabeza. Junto a ellos destacaron los diputados de ERC en Madrid Joan Tardà y Gabriel Rufián –también estuvo la número 2 del partido, Marta Rovira– y los presidentes de las principales entidades soberanistas, Jordi Sánchez (ANC), Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) y Neus Lloveras (AMI). Todos coincidieron en señalar que, lejos de infundir miedo, juicios políticos como los de ayer no hacen sino reforzar el camino emprendido por Catalunya. También estuvieron los diputados de PNV y de EH Bildu Aitor Esteban y Marian Beitialarrangoitia.

Dentro del Supremo, el fiscal Jaime Moreno trató de demostrar que Homs siguió adelante con los preparativos del 9N pese a la suspensión del Constitucional, algo que algunos de los testimonios corroboraron. El juicio se retomará hoy con el testimonio de otras 13 personas, entre las que destaca el propio expresident Artur Mas, llamado como testigo de la defensa.

La tramitación exprés de la ley de desconexión, a punto

El Parlament podrá tramitar la ley de transitoriedad jurídica de forma acelerada gracias al cambio del reglamento propuesto por Junts pel Sí tras un acuerdo con la CUP. Pese a ser un tema técnico y algo farragoso, tiene profundas implicaciones políticas, ya que el cambio está destinado a facilitar la aprobación de una ley fundamental para culminar el proceso soberanista. No en vano, dado que el referéndum sobre la independencia no podrá ser convocado conforme a la legalidad española, la ley de transitoriedad jurídica es la que, en primer lugar, debe ofrecer un marco legal para poder celebrar el plebiscito. Se trata, además, de la norma que debe regir el cambio de la legalidad española a la legalidad catalana –sin vacío legal–, siempre que el «Sí» a la independencia ganase, evidentemente.

Actualmente, solo las proposiciones de ley presentadas por el Govern se pueden tramitar a través de lectura única, es decir, por la vía rápida. Cuando se trata de propuestas presentadas por los partidos, la tramitación es ordinaria y, por tanto, bastante más lenta. Con el cambio propuesto ahora, las proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios también podrán ser tramitadas a través de la lectura única, de modo que la ley de transitoriedad jurídica podrá ser presentada por JxSí y la CUP, debatida y aprobada en la misma jornada. Se trata de un cambio destinado a dificultar la previsible acción vetadora del Estado español.B.Z.