Arturo Puente
Periodista
JO PUNTUA

Pacto con el Estado

La negociación, como procedimiento, y el pacto, su resultado, es la forma óptima de resolución de conflictos en las democracias. Para que esta fórmula tenga recorrido efectivo deben darse además dos condiciones de partida: la simetría en las relaciones de poder entre los actores y su reconocimiento mutuo como legítimos en sus demandas e intereses.

El lehendakari Urkullu explicó la semana pasada su apuesta por un pacto con el Estado para mejorar el autogobierno vasco durante esta legislatura. Porque en Euskadi, explicó el jeltzale, «siempre se ha practicado el camino del pacto». Este es el espíritu que impregna la ponencia de autogobierno del Parlamento, a la que los partidos llevarán sus propuestas en las próximas semanas. Aunque, como es evidente, la voz del Gobierno vasco será la más relevante. El gran problema de la vía Urkullu del pacto para «mejorar» el autogobierno es que es una negociación que no cumple ninguna de las dos condiciones necesarias para que sea efectiva. Por una parte, la relación de poder entre los actores, en este caso el Estado y la Comunidad Autónoma Vasca, es totalmente asimétrica.

No solo desde un obvio punto de vista material o político: es una asimetría jurídica introducida explícitamente en el diseño constitucional, que da al Congreso el poder de validar la propuesta del Parlamento Vasco, mientras que el Parlamento Vasco no puede devolverle al Congreso su decisión. Y, por si esto fuera poco, después da al Tribunal Constitucional la última palabra sobre el texto estatutario.

Tampoco hay un reconocimiento mutuo de legitimidad, o al menos no completo, cuando para el Estado la opción independentista, defendida por el segundo grupo de la cámara vasca, es un anatema. Por mucho que se quiera vender una supuesta bilateralidad, es un espejismo.

Estas dos razones avanzan un probable fracaso de la vía pactista, pero no parecen suficientes para que no se intente. Sin embargo, el intento será de vuelo gallináceo si no se tiene en cuenta la alta probabilidad, no solo de que el autogobierno mejore poco, sino incluso de que se vea erosionado por las actuales mayorías en el Congreso.