ELA, LAB y Steilas han convocado para el próximo miércoles, 22 de marzo, una huelga en la enseñanza pública de la CAV. La cita, a la que están llamados a participar cerca de 30.000 trabajadores, surge en respuesta a los recortes y a las políticas impuestas por Madrid y Lakua. «Nosotros no nos sentimos a gusto en una situación de confrontación, pero da la sensación de que no nos dejan otro camino», destacó ayer Xabier Irastorza (ELA) ante los parlamentarios presentes en la Comisión de Educación, donde recordó que más de 10.000 empleados de la educación pública, el 39% de la plantilla, son temporales.

Irastorza, que compareció en la Cámara de Gasteiz junto a Aitziber Pérez e Iker Garin, de LAB, y Aitor Idigoras, de Steilas, subrayó el aumento de los ratios de alumnos por aulas, que ha provocado la destrucción de 2.000 puestos de trabajo, y advirtió de que hay 6.000 vacantes estructurales. Una circunstancia que está asociada a los recortes presupuestarios aplicados durante los últimos años por el Ejecutivo autonómico: 162 millones de euros menos si se compararan los datos del año 2009 con los de 2017.

Al hartazgo por estos recortes se suma la disconformidad de los sindicatos con normas como la Lomce o Heziberri. «La actual Ley de la Escuela Pública está agotada, y desde LAB proponemos un acuerdo de país para avanzar hacia un modelo propio», destacó Pérez. Una idea compartida por Garin. «Necesitamos un modelo educativo propio, sin tener que pedir nada a nadie», añadió, e insistió en que el nuevo sistema educativo debe garantizar la bilateralidad, además de recoger un plan integral de empleo. «La oferta pública es la única medida para dar estabilizad al sistema», señaló.

Más para la concertada

Desde Steilas, Idigoras también defendió una educación plural, laica, euskaldun y gratuita. En este sentido, censuró que, «si pasamos el filtro», los presupuestos del Gobierno de Iñigo Urkullu recogen 23 millones de euros más para la escuela concertada y un recorte de 4 millones de euros en la partida destinada a la pública. «Eso es lo que el PSE ha aceptado en los presupuestos», manifestó en respuesta a las críticas de la parlamentaria Natalia Rojo, a quien recordó que Isabel Celaá estaba en contra de Heziberri.

También respondió a la parlamentaria del PNV Jone Berriozabal, que acusó a los sindicatos de tratar de imponer su ideología y de no sentarse en la mesa cuando hay que negociar. «Hemos participado en todas las mesas, y nos hemos levantado porque la Administración hace oídos sordos», remarcó Idigoras tras recordar que los tres sindicatos que apoyan la huelga del próximo miércoles hicieron una llamada a la cooperación en la tramitación de Heziberri.

Tras la intervención de ELA, LAB y Steilas llegó el turno de CCOO y UGT. Estos comparecieron a petición de Elkarrekin Podemos, que consideró conveniente invitar a estos sindicatos para que expusieran «las líneas generales de su programa, sus prioridades, sus restos y su valoración acerca del estado actual del sistema educativo».

Un «código digno» para investigar

Convocadas por la Asamblea de Predoctorales de Euskal Herria, ayer se llevaron a cabo sendas movilizaciones en los campus de la UPV-EHU de Leioa, Gasteiz y Donostia para expresar su rechazo a «la precarización sistemática» de la investigación y, en concreto, a la imposición del «código 420». De esta forma hacían referencia al cambio efectuado sin previo aviso por el Gobierno español en los contratos predoctorales por el que los de obra o de servicio (código 401) pasan a ser de prácticas (código 420). Como pretendían, la protesta fue secundada de forma «masiva» por los afectados, personal en formación o permanente, que acudieron portando carteles amarillos en los que se destacaba: «Por la dignidad de las personas investigadoras». Según datos difundidos por las centrales sindicales, en Hego Euskal Herria este colectivo de investigadores está integrado por alrededor de un millar de personas, de las que cerca de 400 realizan esta labor en la UPV-EHU. GARA