Una de las dudas implícitas en el pacto PNV-PP sellado el miércoles era si el Estado lo cumplirá, dado que varios de los compromisos presentados ahora vienen en realidad a restañar vulneraciones de acuerdos anteriores. Pues solo han hecho falta dos días para que el Gobierno español dé una pista clara; el Consejo de Ministros anunció ayer, presentándolo en su paquete de decisiones como un trámite más, recurso de inconstitucionalidad contra la llamada Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el Contexto de la Violencia de Motivación Política entre 1978 y 1999, más conocida como Ley de Víctimas Policiales.

En el argumentario del PNV para vender ese pacto se incluía la hipótesis de que este tipo de recursos constantes no se producirían. «Se refuerza la bilateralidad», sentenció el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu.

La elevación al Tribunal Constitucional supone su paralización automática, como en otros casos. Pero este tiene un significado político especial para Urkullu, que la calificó de «pieza necesaria» para la convivencia, o para el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, que tras su aprobación en julio de 2016 instó al Gobierno del PP a colaborar porque «tiene una parte de responsabilidad muy importante a la hora de reconocer y reparar a estas víctimas».

Intentos baldíos de blindaje

Los esfuerzos de Lakua para que esta norma no chocase con el habitual muro del Ejecutivo Rajoy (la norma navarra también fue recurrida) fueron evidentes desde el inicio. El PNV pudo haberla pactado con EH Bildu, pero prefirió hacerlo con el PSE argumentando que ello le daría más seguridad jurídica. La ley salió adelante finalmente, con la anterior legislatura ya tocando a su fin, con los votos de los actuales socios de gobierno y la abstención de EH Bildu, que la consideró insuficiente.

Hace apenas diez días, Urkullu recibió en Lehendakaritza a Fabián Salvioli, presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el objetivo de recabar su aval a esta norma amenazada ya hace siete meses por Madrid. Salvioli firma un informe que explica que la ley encaja en el marco del derecho internacional, los hechos «encuentran consistente jurisprudencia» y las víctimas «cumplen con las exigencias determinadas en normas y dictámenes de órganos internacionales». Tras ello, el Gobierno de Lakua se dirigió al español para ofrecerle «recorrer juntos el camino de la reparación de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos».

La ley recurrida atañe al periodo 1978-1999 y está destinada a acoger por tanto a víctimas de organizaciones como los GAL, el Batallón Vasco-Español o la Triple A. Lakua calcula que podría reconocer y reparar a unas 400 personas. Como es sabido, el Estado español se ha negado reiteradamente, tanto en resoluciones administrativas como en autos judiciales, a considerarlas como víctimas, alegando a veces una militancia en ETA no probada. Se recordará el cruce de palabras y miradas al respecto entre la candidata de Elkarrekin Podemos Pili Zabala, hermana de Joxi Zabala, y Alfonso Alonso, líder vasco del PP, en un debate de la campaña autonómica.

Lakua reaccionó al anuncio de ayer precisando que no conoce el contenido detallado, pero anticipando tanto su «profunda decepción» como «su compromiso firme con el reconocimiento y reparación de todas las víctimas». Para EH Bildu, por contra, «es otra prueba de que con Madrid no hay bilateralidad posible» y deja la situación de estas personas como «deuda histórica pendiente».

 

Otegi remarca que la alianza va «contra la mayoría vasca» y daña a Catalunya

Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, no está sorprendido ante un pacto que auguró días atrás, pero sí mostró ayer varias veces cierto estupor porque «el PNV no tenía necesidad de hacer esto». Compareció en Donostia en tono «contundente pero sereno» para remarcar que los jelkides sellan una alianza que «va contra la mayoría de este pueblo» y tiene gravedad especial por lo que respecta a Catalunya.

«Nos duele especialmente que el PNV sostenga a un gobierno que amenaza al pueblo de Catalunya. Y este es el ejemplo que va a utilizar el Estado español en todas las cancillerías europeas» frente al proceso catalán, auguró. Madrid ya lo dice expresamente y da este sentido incluso a la reunión de la próxima semana entre Iñigo Urkullu y el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker.

Preguntado sobre si ello quiebra definitivamente la opción de avances soberanistas en Euskal Herria, Otegi respondió que afortunadamente «esos procesos los pone en marcha la gente y no hay dirección política que los pueda impedir».

Sobre la elección jelkide, recordó que le alinea con lo más retrógado: además del PP, Ciudadanos y UPN. Y añadió que le parecen muy ilustrativas dos frases de dirigentes del partido de Mariano Rajoy: la del portavoz español, Iñigo Méndez de Vigo, para quien «es un buen acuerdo para España y para los españoles», y la de Alfonso Alonso, líder en la CAV, indicando metafóricamente que estará bien hablar euskara en tono bajo y «si no es con acento catalán». Para Otegi, esta última frase «es un escándalo político, Alonso hace de virrey de España en Vascongadas».

Además del impacto sobre Catalunya, Arnaldo Otegi añadió que el acuerdo supone «sostener el régimen de 1978 otra vez, aunque les va a ser difícil apuntalarlo», también amparar los recortes antisociales que cree que se van a agravar por mandato del FMI (congelación de pensiones y partidas para el paro, tope de subida de un 1% para funcionarios...) y conlleva dar cobertura a un gobierno claramente contrario a la paz y que muestra su crueldad con órdenes como no excarcelar a los presos vascos enfermos hasta que les queden dos meses de vida.

En el Parlamento, Urkullu y Larraitz Ugarte (EH Bildu) mantuvieron un debate tenso por momentos sobre este pacto. Ugarte se preguntó si «el precio que el PNV pone a este pueblo son esos 5.000 miserables millones». Cuando le recordó la corrupción del PP, Urkullu terminó recurriendo al comodín de ETA: «Durante años ustedes han tenido una posición nada ética».

 

...Y Alonso pide a Urkullu que sea «prudente al vender el pacto»

El PP, última fuerza parlamentaria en Gasteiz, se siente muy reforzado por el acuerdo a tenor de las palabras de su líder, Alfonso Alonso. Si el jueves marcó la senda al PNV con amenazas como «si empezamos a hablar en euskera con acento catalán, todo se puede torcer», ayer le reclamó a Urkullu que «sea responsable y prudente al vender» este pacto, porque cree que exaltarlo da alas a los detractores del Concierto.