Casual o no, lo cierto es que el traslado de la abogada jefe del Estado en la CAV, Macarena Olona, a la secretaría general de Mercasa ha levantado suspicacias en ámbitos jurídicos y también políticos vascos. No es que en Madrid vaya a abandonar su tarea de fiscalización. El Gobierno español ha requerido su incorporación a esta empresa pública que gestiona la comercialización de productos alimentarios en los mercados mayoristas coincidiendo con que la firma vinculada a la SEPI se haya visto salpicada por una de las investigaciones del mediático «caso Lezo».

El Ejecutivo español la reclama para poner orden en Mercasa y, al tiempo, contenta al PNV. Olona se ha convertido en los últimos años en una persona incómoda para Sabin Etxea, especialmente a raíz del impulso que ha dado a casos en los que cargos jeltzales están implicados. El traslado se produce muy próximo a la vista en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Gasteiz del «caso Hiriko», que comenzará el 7 de julio, donde la Abogacía del Estado reclama que el concurso se declare culpable y los responsables del fiasco devuelvan los 18,9 millones de euros dilapidados en ayudas públicas.

En este procedimiento hay implicadas personas vinculadas al PNV, como las hubo en la operación de la fallida planta de purines de Karrantza, donde Olona adquirió gran protagonismo en la vista oral celebrada en octubre de 2016 en Bilbo. La letrada llegó a localizar con la ayuda de agentes de la Guardia Civil a un testigo, Mikel Aingeru Ibarrondo, representante en su día de Ade Biotec, firma encargada de la construcción de la infraestructura, al que no se había logrado entregar la citación.

Esa actuación es buena muestra de la vehemencia con la que se emplea Macarena Olona, como también en otras iniciativas para condicionar desde el Estado la autonomía de los ayuntamientos, como la concesión de ayudas a familiares de presos afectados por la dispersión, la colocación de la bandera española o que las administraciones adopten un trato preferente hacia el euskara en su funcionamiento con la ciudadanía.

La Abogacía del Estado recurrió la resolución del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbo sobre el concurso de Karrantzako Minda, y también se personó en la causa penal que se instruye en Balmaseda. Queda por determinar cuál será la actitud a partir de ahora de su sucesor, especialmente en escándalos como el de las ayudas que se otorgaron al Ayuntamiento de Alonsotegi por los inundaciones, o el citado de Karrantza.