El presidente de Brasil, Michel Temer, afronta sus horas más bajas, acorralado por acusaciones de corrupción sobre las que la Fiscalía brasileña debe pronunciarse antes de mañana y blanco de una nueva huelga general convocada por los sindicatos para el viernes.

Mañana vence el plazo para que el procurador general de la República, Rodrigo Janot, presente ante el Supremo Tribunal Federal (STF) la denuncia por corrupción pasiva contra Temer.

El jefe de Estado es investigado por los supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita, y al menos en el primero de los casos la Policía Federal ya ha informado de que ha encontrado «serios indicios» que comprometen al gobernante.

Las sospechas de que Temer participó «con vigor» en asuntos de corrupción se desprenden de declaraciones hechas por directivos del grupo JBS, uno de los mayores productores y exportadores de carnes del mundo, que en un acuerdo de cooperación judicial detallaron una serie de irregularidades en las que estaría incurso el presidente. Las grabaciones entregadas como prueba por el empresario Joesley Batista de su diálogo con Temer fueron examinadas por la Policía Federal que, según el diario “Folha de Sao Paulo”, constató «interrupciones técnicas» del audio, pero descartó que el material hubiese sido editado, como apuntó la defensa del gobernante.

Según la Constitución brasileña, el mandatario goza de un fuero privilegiado en el que el STF es la única corte que puede juzgarlo y por su condición de jefe de Estado, además, cualquier proceso jurídico que se abra en su contra deberá tener el aval de la Cámara de Diputados, cuya mayoría oficialista ya no está tan clara.

Por otra parte, para el viernes, las centrales sindicales han convocado una huelga general contra las reformas laboral y de pensiones y jubilaciones abanderadas por el equipo económico de Temer y el mercado financiero. Ambas reformas tienen el rechazo de los movimientos sociales, gremios obreros y organizaciones no gubernamentales.