GARA
BILBO

Las huelguistas de residencias insisten en que el conflicto no es solo laboral

Las trabajadoras de las residencias de Bizkaia que han cumplido 210 días en huelga reiteraron ayer, tras la marcha de protesta que realizaron por el centro de Bilbo, que su conflicto ha desbordado ya «los límites de lo laboral» para ser también «social y de género».

Las trabajadoras de residencias de Bizkaia en huelga avisaron ayer a las patronales del sector y a la Diputación de Bizkaia de que no se van a «rendir» ni a «parar» hasta lograr un convenio que recoja sus reivindicaciones de mejora de condiciones laborales. Tras más de 16 meses de conflicto y 210 días de huelga, las trabajadoras llevaron a cabo una manifestación en Bilbo, en la que también participaron familiares de personas usuarias de residencias de mayores en demanda de una solución a la situación.

Al término de la movilización, que partió de la plaza de Arriaga y concluyó ante el Palacio Foral, las huelguistas leyeron un texto en el que incidían en que no van a parar «hasta lograr de una vez por todas» que sus reivindicaciones en demanda de la jornada laboral de 35 horas, salarios de 1.200 euros y más personal se plasmen en un convenio sectorial o en pactos de empresa.

«Hemos tomado las calles»

«¡No nos van a doblegar!», indicaron en un mensaje dirigido tanto a las instituciones como a las patronales del sector (Gesca, Lares y Elbe), a quienes acusaron de tratarlas como si fueran «delincuentes, como ciudadanas de segunda, (...) faltándonos al respeto e intentando meternos miedo».

«En los últimos meses, con la Diputación Foral de Bizkaia como estilete y la inestimable cobertura del Gobierno Vasco y de las patronales, han impuesto unos servicios mínimos del 90% y toda una maquinaria jurídica», explicaron. En su opinión, el objetivo de esa estrategia no era otro que «neutralizar» a las trabajadoras.

Un objetivo fallido a tenor del siguiente mensaje que se escuchó ayer: «Las mujeres de las residencias de Bizkaia hemos dejado el espacio privado y hemos dejado de ser invisibles, y hemos irrumpido en el espacio público. Hemos tomado la calle para proclamar alto y claro que los cuidados son también un servicio público, que debe realizarse en unas condiciones de trabajo y vida dignas».

En declaraciones a Europa Press, Esther Saavedra, de ELA, resaltó que «el acuerdo firmado en la residencia Miravilla pone de manifiesto que nuestras reivindicaciones son legítimas y, además, posibles». No obstante, señaló que esto no ha cambiado la situación ya que no ha habido nuevos contactos con la patronal ni con la Diputación.