Déjenme que les cuente una historia. En los albores del siglo XXI varios cargos políticos y técnicos de los distintos departamentos de agricultura de instituciones vascas visitaron Irlanda y a su vuelta vinieron cargadas de ideas para impulsar políticas de desarrollo rural basadas en las TIC. Con gran ilusión nos lo contaba en el numero 24 de Euskonews el por aquel entonces agente de desarrollo rural, hoy ascendido a director de Agricultura y Desarrollo Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Xabier Arruti.

Aquella visión idílica, cuasi pastoril, rápidamente se concretó en la creación de una sociedad llamada Lanalden SA en la que no sólo participó el entramado público del área de agricultura, a través del fondo Hazilur, si no que también hubo capital privado e incluso eclesial. Todo muy del país, todo muy nuestro, todo muy jeltzale.

Constituida la sociedad, el negocio comenzó a fluir de la mano de concesiones públicas y contratos con empresas participadas por capital público. Avanzó el negocio colaborando en la privatización de Euskaltel (absorbiendo Resulta SL en el año 2011) y del grupo empresarial de la malograda CajaSur en el año 2012 con la compra de Markemos SL. Y avanzó, como no, con el buen aderezo de numerosas subvenciones públicas (al menos 18 millones en 2011). Tuvo que asumir, sin embargo, el impacto negativo de la liquidación de su hermana menor, Lanalden Digitalización, fundada con el mismo mix de capital, pero que no corrió igual fortuna en los negocios. También fue testigo de la disolución de su sancionada hermana Media For Future (M4F).

Esta empresa dedicada al telemarketing, cuenta en la actualidad en Bizkaia con más de 700 trabajadoras y tiene sus centros de trabajo principales en el antiguo seminario de Derio y en pleno centro de Bilbao, todo muy rural como pueden observar. Tan rural que en 2014 el Gobierno Vasco informaba en nota de prensa que 60 de sus, por aquel entonces, 360 trabajadoras tenían algún tipo de relación con el ámbito rural.

Curiosa visión del desarrollo rural, donde el capital público se pone al servicio de la creación de una empresa de servicios a la cual otras le subcontratan sus centros de atención de llamadas. Curioso que el dinero público se utilice como punta de lanza para hacer negocio en base a la paulatina privatización de este servicio en distintas administraciones y servicios públicos (SOS Deiak, Azkuna Zentroa, 092...) así como de distintas empresas, algunas que lo fueron con capital público (EDP, Euskaltel...) y otras como Kutxabank que aún hoy están controladas por las instituciones.

Para quien no sea conocedora, le diré que el sector del telemarketing no se destaca precisamente por sus buenas condiciones laborales. En un sector feminizado, donde la contratación eventual y a tiempo parcial es la norma y la sujeción de las trabajadoras a ampliaciones o reducciones de la misma es una constante que precariza aún más sus vidas. Un sector donde quien se mueve es expulsada de la foto; donde el cumplimiento de los derechos y la observancia de la ley son constante fuente de conflictos.

Son precisamente estas condiciones laborales las que sufren las mujeres y hombres que gestionan la atención telefónica del servicio de atención a emergencias SOS Deiak. Esas personas que reciben nuestras llamadas en situaciones muy comprometidas, que nos transmiten calma y seguridad y que se encargan de derivar las mismas al recurso adecuado, no disponen en su trabajo de esa misma tranquilidad y seguridad.

Unos hombres y unas mujeres que desde el año 2012 sufren a la empresa Lanalden SA, prima inter pares en el estilo de relaciones laborales del sector. Hombres y mujeres que desde el 6 de marzo de 2017 desarrollan una huelga indefinida por la mejora de sus condiciones laborales. Lo hacen para que el nuevo pliego para la contratación del servicio, que se demora más de seis meses tras la expiración de la última prórroga, incluya un reconocimiento profesional a su labor como técnicos de emergencias y el mantenimiento de sus puestos y condiciones mínimas de trabajo en caso de cambio de empresa.

Huelga que desarrollan con unos servicios mínimos que la administración pública ha establecido en el 100% por considerarlos parte de un servicio esencial para la comunidad. Una huelga que se inicia después de explorar hasta la extenuación la vía del diálogo. Conversaciones que se han mantenido con una administración que les ha mentido repetidamente diciendo que el suyo es conflicto con una empresa privada. Hoy la mentira queda desvelada, hoy Gobierno Vasco no puedo obviar durante más tiempo su responsabilidad en el conflicto.

Y es que el Gobierno Vasco es totalmente responsable, al tener una importante participación de capital en la empresa contratista. Responsable, también, de haber puesto dinero público e impulso político en la creación de una gran máquina de precarización de condiciones laborales a través de la privatización de la atención telefónica y de la externalización de este servicio en numerosas empresas que tenían participación pública; precarización que ha dejado pingües beneficios no sólo a la propia empresa Lanalden como contratista, sino a las empresas privadas que han visto reducidos sus gastos de personal gracias a esta empresa en gran parte pública.

Pero además, en este caso, Gobierno Vasco, es responsable de situarse en el conflicto como juez y parte: negando su implicación directa y condicionando un conflicto que le afecta a través de la determinación de unos servicios mínimos abusivos que impiden el normal desarrollo de la huelga.

Un ejecutivo que mientras mantiene el discurso de la esencialidad del servicio ha permitido durante meses irregularidades en la gestión del servicio como las denunciadas recientemente por el comité de huelga.