Sofía Tato, nacida en Villabona y vecina de Arroyo de la Luz (Cáceres) se convirtió ayer en la última víctima mortal de la violencia machista, lacra estructural contra la que hay que volcar todos los recursos jurídico-policiales al alcance de la mano, pero a la que difícilmente se pondrá fin solamente mediante mecanismos represivos. No en vano, el desmantelamiento del patriarcado requiere del concurso de todos los estamentos institucionales y sociales.

En este sentido, y aunque tendrá que ser refrendada por la práctica diaria, es una buena noticia el anunció realizado ayer por el consejero Darpón sobre una renovación del protocolo de detección de casos de violencia de género en los servicios de urgencia y atención primaria. Un protocolo que, solo en la CAV, sirvió en 2015 para detectar 761 casos de violencia machista (más de dos al día). Cifra que se dispara a los 1.125 si sumamos los detectados a través de un protocolo parecido en Nafarroa. Entre las novedades avanzadas por Darpón destacan el refuerzo de la atención a los menores –muchas veces utilizados por el agresor– y la habilitación de los sanitarios para animar a la víctima de la violencia de género a denunciar formalmente su situación –hasta ahora se limitaban a poner sobre aviso a las autoridades judiciales–.

Esta capacitación de los propios sanitarios, responsables de la atención diaria y directa con las víctimas, resulta crucial en esta lucha por detectar y erradicar la violencia machista. Según la propia Osakidetza, cerca del 90% de las mujeres que acuden a los servicios sanitarios con lesiones fruto del maltrato no expresa voluntariamente la causa de sus heridas. Es precisamente por eso por lo que cabe insistir en protocolos de detección eficaces y rápidos que no solo consigan llevar los casos a los juzgados, sino que también transmitan a la víctima la existencia de una red social e institucional que va a poner todo lo que está en su mano para ayudarle.