PSIS de Salesianos: nada cambia

Eramos pocas y llegó Esparza. El representante de UPN en el Parlamento de Navarra escribió una carta que hace unos días publicaba “Diario de Navarra” a través de la cual se despachaba vapuleando pública y expresamente al Gobierno de Uxue Barkos y, en concreto, a su postura y discurso con respecto al PSIS de Salesianos. Haciendo gala de la firmeza a la que comunicativamente nos tiene acostumbradas, pero mostrando un enfado excesivamente explícito que, este sí, sorprende, llega a acusar al partido político de faltar a la verdad. No sólo frente al resto del cuatripartito, sino también frente a todos los navarros y navarras.

La «mentira» en cuestión, y a grandes rasgos, consistiría en intentar hacer creer que los nacionalistas han invertido grandes esfuerzos por modificar el proyecto en pro de, esta vez sí, el interés general y lograr reducir al mínimo tanto el coste social y económico para la ciudadanía como el beneficio resultante que la congregación obtendría de la operación. El regionalista advierte del fraude y asegura que no se ha introducido cambio alguno –dato que, por otro lado, ya conocíamos de la mano de Nasuvinsa–, pero además apunta que el Gobierno viene de elevar el margen económico que los Salesianos dispondrían para sufragar la construcción de su nuevo centro educativo en Sarriguren.

Es decir, Esparza reaparece públicamente alarmado en representación de una formación a la que considera víctima de una ilegítima usurpación intelectual de la idea original surgida en 2009. Teme que el ejecutivo foral logre obtener cierto rédito político de ello. O sea, éxitos a su costa. Y es por ello que se afana en recordar que es «su» proyecto, que su origen se debe a UPN y que a día de hoy no se hace sino reproducir y seguir al pie de la letra una hoja de ruta prediseñada por ellas mismas.

Al margen de que, paradójicamente, coincidamos en esta última lectura, una más general nos arroja resultados lamentables. Si ya asistimos atónitas e indignadas al despliegue de argumentos, principalmente de índole económica, que el vicepresidente y consejero Laparra esgrimió hace unas semanas a raíz del anuncio de licitación de las parcelas de la calle Aralar –y como artillería defensiva de la operación procurando así desviar y desvirtuar el debate público generado–, convertirnos ahora en meras espectadoras de una pugna mediática por la auténtica autoría de este PSIS es inadmisible. Inadmisible porque no cabe orgullo que mostrar frente a lo que consideramos una absoluta aberración urbanística, social, cultural y medioambiental para nuestra comunidad.

Como decimos, no admitimos muestra alguna de orgullo, pero tampoco la mera resignación. Y esto último es lo que más predomina entre la actitud de un Gobierno que se limita a referirse a la operación como un elemento más de esa «herencia envenenada» y a tachar de imposibilidad jurídica y económica lo que no es más que un inmovilismo consciente, e incluso interesado. Las excusas constantemente alegadas por Geroa Bai para oponerse a la anulación de la operación no nos son suficientes y la advertencia de los 44 millones de indemnización que pesarían sobre las arcas públicas para lograrlo no nos intimida ni nos acalla. Al margen de que seguimos considerando viable y factible proceder a una impugnación judicial de semejante cuantía –calculada, según consta, en base a unos no poco conflictivos e incluso parciales informes–, intuimos que las pérdidas que la ciudadanía sufriríamos consecuencia del despojo de parte de nuestro patrimonio material e inmaterial derivado de esta operación serían, sin duda, mucho más elevadas que la cifra citada.

Pero, insistimos, el debate público no debe quedar circunscrito a las cuestiones meramente económicas –a pesar de que este sea el principal y más vigente objetivo del ejecutivo–, pues ello desvirtúa del origen del proyecto y su naturaleza, obvia sus terribles consecuencias y no permite explorar las posibles vías de anulación del mismo. Recordamos en este sentido que la última causa que en su día permitió sacar adelante este plan fue la declaración de la actividad docente de los Salesianos en Pamplona-Iruña como de «interés general» para toda la ciudadanía.

No nos es desconocida la priorización de la escuela concertada que el anterior Gobierno realizó frente a la pública, pero el cambio en el modelo educativo que aparece recogido en el Acuerdo Programático suscrito entre las cuatro fuerzas del «cambio» en Nafarroa pasa por fomentar y potenciar una educación pública mermada y desgastada por UPN –con la complicidad del PSN– en años anteriores. Y a pesar de que resulta evidente que la materialización de esto último es incompatible con un PSIS que beneficia a un centro educativo que, sin ánimo de cuestionar su contribución formativa, recibe fondos públicos para financiar su currículo privado, esta declaración de «interés general» no ha sido en ningún momento puesta en entredicho por parte de Geroa Bai ni, mucho menos, se ha planteado su reversión. Es necesario comprender la trascendencia de lo apuntado, teniendo en cuenta que, por constituir el presupuesto básico sobre el que se asienta todo el entramado jurídico de la operación, una posición firme en torno a la inexistencia de semejante interés tras el proyecto hubiera permitido la apertura de cauces más ágiles y eficaces para proceder a su anulación.

Pero no era la única opción. También podría haberse instado a la congregación a acceder a una conversación y negociación acerca de los términos del preacuerdo alcanzado con los otros tres agentes involucrados –Ayuntamiento de Pamplona-Iruña. Nasuvinsa y Gobierno de Navarra–, pero tampoco se hizo.

En fin, opciones había. Pero no se quiso. Diseñar y/o ejecutar, ¿cuál es la diferencia? Para nosotras, nada cambia.