El interés por lo que ayer ocurría en Catalunya también era palpable en Euskal Herria, aunque las reacciones entre las fuerzas abertzales denotaban diferencias en la implicación con la vía emprendida por el Parlament catalán. Desde EH Bildu quisieron hacer manifiesto su apoyo al pueblo catalán y a la mayoría parlamentaria con la presencia en el pleno de los parlamentarios de la CAV y Nafarroa Maddalen Iriarte y Maiorga Ramírez, respectivamente.

En declaraciones a la prensa, Iriarte destacó que «el pueblo de Catalunya está demostrando que, pese a las inhabilitaciones, a las multas y a los castigos, está dispuesto a hacer este ejercicio democrático y a dar una lección a los pueblos de Europa y al pueblo de Euskal Herria». Para la parlamentaria soberanista, la Ley del Referéndum supone «ahondar en la democracia de este país, del país catalán». Un ejemplo que contrapuso con las «carencias democráticas» del Estado español.

El PNV, a otra cosa

El PNV, que se refirió al proceso catalán en declaraciones a Europa Press, cree que lo que ayer sucedió en el Parlament «se enmarca en la excepcionalidad, como excepcional está siendo todo lo que está ocurriendo en Catalunya».

En este sentido, insistieron en el discurso de las últimas semanas y afirmaron que «no hay más solución que el diálogo, incluso cuando parece que no hay solución posible, cuando todos los puentes parecen rotos».

Los jeltzales demandaron «diálogo y política con mayúsculas, desde el respeto a las mayorías y a los principios democráticos».

Por la mañana, el portavoz del Ejecutivo de Lakua, Josu Erkoreka, evidenció una vez más la interesada distancia que su Gabinete mantiene respecto al proceso catalán mientras aboga por la negociación con el PP, a cuyo Gobierno demandó que cumpla lo acordado en torno a las transferencias pendientes.

Lakua, que durante el resto del día se mantuvo silente sobre la sesión en el Parlament, se refirió a la decisión del Tribunal de Cuentas de exigir al expresident Artur Mas y a otros altos cargos y funcionarios catalanes que asuman personalmente el gasto del dinero destinado para la consulta de 2014, un movimiento que a su juicio busca «generar miedo en la sociedad, en los cargos públicos y en los funcionarios».

Erkoreka lamentó el hecho de que «las opciones, no solo lograr un acuerdo por medio del diálogo sino también para que hablen entre ellos, están cada vez más lejanas», aunque indicó que, a partir del 1 de octubre, «sea cual sea el resultado, necesariamente se deberá abrir una vía de diálogo».