La velocidad de los acontecimientos en Catalunya está cerca de sobrepasar la capacidad de informar acerca de ellos. La noticia de última hora que no entra en la edición del día es vieja ya a primera hora de la mañana. Ocurrió con la circular firmada por el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, el martes a la noche, en la que trasladó al cuerpo las órdenes de la Fiscalía de perseguir el 1-O, al tiempo que centralizó las actuaciones en la comisaría de información –de momento reina la calma, una cosa es cumplir el formalismo legal y otra que los Mossos se pongan a buscar las urnas –. En cualquier caso, el «Trapero acata» con el que forzaron la realidad algunos diarios quedó ayer rápidamente en segundo plano ante la que se erigió como la noticia del día: la Fiscalía ordenó a los fiscales provinciales de Catalunya interrogar a los 712 alcaldes que han apoyado expresamente el 1-O.

No solo eso. También pidió detener al alcalde o alcaldesa que se niegue a prestar declaración ante el fiscal de turno. La CUP saltó inmediatamente a anunciar que sus alcaldes no acudirán. Posteriormente, la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y la Associació Catalana de Municipis (ACM) fueron más moderados: irán a declarar porque no tienen «nada que esconder», pero no frenarán las actuaciones de cara al 1-O. El punto de tensión existe entre una CUP que quiere desobedecer cuanto antes y cuanto más mejor, y otros alcaldes que prefieren postergarla todo lo posible. Pero la imagen que ofrecerán todos juntos en Barcelona el sábado será sin duda una de las de la jornada.

La persecución de los 712 alcaldes saltó rápidamente a los medios internacionales –“New York Times” y “Le Monde”, por ejemplo–, y motivó la reacción de Podemos, ERC, PDECat, EH Bildu, PNV y Compromís, que reclamaron la comparecencia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. No contento con señalar a los alcaldes, el fiscal también apuntó a las policías locales, a las que ordenó perseguir el plebiscito, ignorando que la Ley prohibe que actúen como policía judicial.

Amenazas frente a hechos

Al margen de las órdenes de la Fiscalía, el tono general del Estado ayer volvió a ser el de la amenaza sin efectos prácticos directos. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional debatió qué hacer ante la evidente desobediencia de la Sindicatura Electoral, que pese a estar suspendida por el TC mantiene sus actividades. Los magistrados se contentaron de momento con dar 48 horas para que demuestren que no están desobedeciendo.

En la campaña del miedo se sitúa también la cascada de amenazas llegadas desde el establishment. Desde Felipe de Borbón hasta la CEOE, pasando por el Banc Sabadell o Josep Piqué cerraron filas ayer con las actuaciones del Gobierno español.

Sociedad e instituciones catalanas se limitaron, por su parte, a seguir el guión de los últimos días. Mientras el expresident Artur Mas daba una conferencia en la Cámara de los Lores, 100 abogados se prestaban a defender gratuitamente a cualquiera que sea represaliado. Y mientras el Govern burlaba a la Guardia Civil y a la Justicia española duplicando la web del referéndum cerrada por orden judicial, JxSí y CUP acordaban suspender la actividad parlamentaria mientras dure la campaña electoral –ocurre en todas las campañas–. Hoy, a las 20.00, primera cita unitaria del independentismo en Tarragona.

La Generalitat afina la logística del referéndum en Barcelona

Aunque ayer mostró todo su apoyo a los 712 alcaldes investigados por la Fiscalía y el martes por la noche se mostró dispuesta a votar Sí en el referéndum, sigue siendo una incógnita hasta qué punto llegará la colaboración de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la preparación del 1 de octubre. Esta mañana se conocerá el resultado de la consulta interna de Catalunya en Comú, lo que influirá decisivamente en la postura que acabe adoptando el Gobierno municipal, y si nos atenemos a las manifestaciones públicas de la mayoría de dirigentes del partido –también de los cuadros de ICV– el resultado será positivo para los defensores de la participación en el 1-O.

Sea como sea, el Govern de la Generalitat está trabajando ya en la logística necesaria para garantizar la celebración del plebiscito en la capital catalana, pieza fundamental del 1-O. De momento, ayer se conoció la destitución del presidente del Consorcio de Educación de Barcelona, Lluís Baulenas, cuya responsabilidad será asumida directamente por la consellera de Educación, Clara Ponsatí, que tomó las riendas del departamento en julio, en el marco de la remodelación de Govern que el president, Carles Puigdemont, realizó con la vista puesta en el 1-O. Desde la Generalitat se ha insistido en todo momento en que, aunque no sean los habituales, habrá locales para votar el 1 de octubre.B.Z.