OCT. 08 2017 30 ANIVERSARIO DE LA RAZIA POLICIAL EN IPAR EUSKAL HERRIA 0CTUBRE DE 1987, LOS EXILIADOS VASCOS EN EL PUNTO DE MIRA La redada policial desarrollada en Ipar Euskal Herria en octubre de 1987 marcó un antes y un después en el colectivo de refugiados. «Lo que no consiguieron con los GAL, lo lograron con las expulsiones; hacernos desaparecer de la vida pública», señala Jon Irazola. Haritz LARRAÑAGA Tres días antes habían detenido en Angelu a Xanti Arrozpide, marido y padre de sus dos hijas. Al parecer la Policía esperaba encontrar en aquella casa a Filipe Bidart, miembro destacado de IK, pero hallaron a Arrozpide. Un día más tarde la agentes franceses entraban en una casa de Senpere, donde tras un tiroteo dos miembros de ETA conseguían escapar y un tercero era detenido con un tiro en la pierna; se trataba de Iñaki Pikabea. Pocas horas más tarde, el 3 de octubre de 1987, el Estado francés iniciaba uno de los mayores operativos jamas realizados contra el colectivo de refugiados vascos. Izaskun Rekalde, compañera de Arrozpide, se encontraba en casa con su hermana y sus hijas gemelas, que cumplían dos años esa misma semana. «Llegaron a las siete de la mañana, pero necesitaron media hora para destruir las puertas y poder entrar en la vivienda. Entraron como locos, con las pistolas en la mano y arrasando; preguntaban dónde estaban los hombres y las armas. El apartamento era diminuto, así que no les hizo falta mucho tiempo para darse cuenta de que allí no había ni hombres ni armas», rememora Rekalde los sucesos de aquel día. Prosigue el relato describiendo que «dejaron todo patas arriba y a la salida nos separaron. A mi me metieron en un coche con mi hija Larraitz, y a mi hermana la llevaron a otro coche con Irati, que empezó a gritar, y en ese instante nos sacaron la famosa foto». La imagen a la que alude Rekalde fue la foto de portada del periódico EGIN al día siguiente. El operativo lo dirigían agentes especiales de Paris, pero también había efectivos llegados de otras ciudades, como el policía bordeles que aparece en la citada instantánea. Jon Irazola, miembro del colectivo de refugiados políticos vascos, no tuvo noticia de la redada y, como de costumbre, partió de casa en bicicleta. Unos días antes él mismo fue detenido y puesto en libertad, con la advertencia policial de que «esta vez te has librado, pero mañana mismo te detenemos y te dejamos en manos de la Policía española». Decidió entonces no presentarse más en la Subprefectura. Irazola tampoco olvida aquel día: «Iba camuflado de ciclista. Crucé el puente de Donibane Lohizune. Llegué a Ziburu a toda velocidad y me encontré con un muro de escudos de CRS. Con el susto se me olvidó frenar. Los policías debieron pensar que estaba loco y me hicieron un pasillo para pasar. Gracias a eso me libre». Operación «Tercera fase» Dos mil agentes participaron en la operación policial que denominaron «tercera fase». Entraron en 180 casas y detuvieron a 61 personas. Muchos de los detenidos fueron entregados a la Policía española y denunciaron haber sido objeto de torturas. También se produjeron decenas de detenciones en Hego Euskal Herria, y en pocos días el balance era aterrador: Más de 200 personas detenidas (sin contar los arrestados en manifestaciones), 60 expulsadas, decenas de encarceladas y 15 deportadas (12 a Argelia y 3 a Venezuela). Para Jakes Bortayrou y Dominika Daguerre, integrantes del comité de apoyo a los refugiados y presos vascos, también fue un día muy intenso. Se decidió hacer una manifestación en Biarritz, pero la Prefectura la prohibió. Bortayrou cuenta como transcurrió la manifestación: «Nada más empezar chocamos con los antidisturbios y nos detuvieron a la media docena de personas que sujetábamos la pancarta. Nos llevaron a la comisaría de los CRS en Angelu, en la avenida Butte aux Cailles, y allí nos cruzamos con los detenidos. A algunos de ellos no los hemos visto en 30 años». Rekalde se encontraba en la mencionada comisaría de Bute aux Cailles. Primero le arrebataron a las niñas. Sus familiares no sabían en qué comisaría estaba y estuvieron a punto de llevar a las menores a un centro de acogida. Finalmente unos amigos de Tolosa que estaban en el exterior de la comisaría se hicieron cargo de ellas. «Después vino la agonía de ver que se llevaban los detenidos uno a uno», relata Rekalde. «Al principio estábamos unos 40 detenidos. Eramos tantos que incluso había un cura, que era refugiado; estaba esposado al radiador del pasillo». Rekalde tenía estatuto de refugiada y sus hijas tenían nacionalidad francesa, lo que le hacía pensar que no le dejarían en manos de la Policía española, pero según transcurrían las horas la incertidumbre aumentaba. «La gente estaba mal, sabían que les esperaba lo peor y a medida que íbamos quedando menos, más insoportable era la atmósfera», reflexiona. Ella quedó en libertad y se le asignó residencia en el departamento de Morbihan, aunque decidió desobedecer y quedarse en Euskal Herria. condenados a la clandestinidad La razia desatada contra los refugiados vascos fue un paso más en la estrategia represiva desplegada por los estados francés y español desde hacía mucho tiempo, pero confluyó una serie de circunstancias para que aquella macrooperación pudiera desarrollarse en aquel momento. Por un lado se venía gestando un clima contra los refugiados por parte de todo el espectro político de Iparralde. Daguerre opina que «la idea de que la culpa de que hubiera atentados era de los refugiados caló en la sociedad». También es la época de los primeros atentados contra intereses judíos en Paris, con numerosas explosiones y muertes. Ese clima de rechazo social propiciaba cualquier golpe contra los refugiados, que ya no gozaban del apoyo social que tuvieron durante la dictadura franquista y que fueron perdiendo según avanzaba la década de los 80. Asimismo se produjo un cambio político muy significativo. Entre 1986 y 1988 el Estado francés se rige por el llamado ‘Gobierno de Cohabitación’. Aunque François Mitterrand sigue siendo el presidente de la República, la derecha toma el poder con Jacques Chirac como primer ministro. Se promulgaron las primeras leyes «antiterroristas» con el nombre del polémico ministro de interior, Charles Pasqua, que se hizo famoso tanto por sus hechos como sus dichos. Una de sus frases más celebres la pronunció precisamente sobre la redada ddel 3 octubre de 1987, cuando dijo que «la democracia se acaba donde empieza la razón de Estado». Irazola está convencido de que hubo una coordinación entre los gobiernos español y francés para reprimir a los militantes vascos, porque «en julio acabaron los atentados de los GAL y acto seguido empezaron las expulsiones», y añade que «con las expulsiones lograron lo que no consiguieron con los asesinatos de los GAL: hacer desaparecer al colectivo de la vida publica». Las cosas se pusieron feas para quienes hasta entonces estaban dispuestos a recibir a los refugiados. «Con el concepto de ‘asociación de malhechores’ consiguieron que mucha gente se echara para atrás, porque se convirtió en delito dar cobijo a los refugiados», reflexiona Bortayrou. «Condenados a la clandestinidad, prácticamente desaparecieron del mapa de Ipar Euskal Herria», recuerda. «Los refugiados estaban completamente integrados en la vida pública y de un día para otro desaparecieron», reseña Daguerre. «Ya antes de la macrorredada empezaron a ser más cautos. En la ikastola donde yo trabajaba había profesores que entraban el lunes en la escuela y no salían hasta el viernes a la noche, porque sabían que la Policía podía estar esperándoles en los alrededores. Algunos fueron detenidos; otros, deportados; y muchos pasaron a la clandestinidad. Fue un duro golpe también para la sociedad de Ipar Euskal Herria». Xanti Arrozpide Sarasola, más de 30 años en la cárcel Con la clase política francesa culpando a los refugiados vascos de los atentados de los GAL, los ataques contra la comunidad judía en París y la derecha en el poder se dio el contexto idóneo para llevar a cabo una macrorredada. Al parecer, todo estaba bien organizado, pero Jon Irazola opina que «el arresto de Arrozpide y Pikabea aceleró el operativo, porque 2.000 policías no se movilizan en dos días». Xanti Arrozpide, de 69 años, que ya estuvo en prisión en tiempos de Franco (cuando era miembro de EGI), sigue encarcelado a día de hoy en la prisión de Topas (Salamanca). El 4 de diciembre del 2014 fue puesto en libertad, pero el 18 de enero del 2015 la Audiencia Nacional española lo volvió a encarcelar improvisando una nueva acusación sobre un atentado de ETA en 1987 en Barcelona.H.L