El 25 de noviembre de 1897, con la guerra ya perdida en la práctica y con la independencia de la colonia ya a punto –previo paso por manos estadounidenses–, España ofreció a Cuba la autonomía. El episodio se ha utilizado a menudo como símbolo de la afición española a llegar tarde a sus citas históricas. Cuando ayer el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró haber acordado con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, la apertura del debate sobre la reforma constitucional en un plazo de seis meses, el eco caribeño recorrió Catalunya.

«Que los españoles hagan su proceso constituyente, que nosotros haremos el nuestro», vino a decir, en respuesta espontánea, el diputado de la CUP Sergie Saladie al conocer en una entrevista en directo el anuncio de Sánchez. Pero ni eso, el recorrido de la reforma constitucional anunciada por el PSOE acabó allí mismo. La zanahoria es demasiado pequeña, inconcreta y ambigua frente al tremendo palo esgrimido ayer por Rajoy: el artículo 155 de la Constitución, que habilita al Gobierno central a suspender competencias de una determinada autonomía en nombre del «interés general».

Respuesta coral

En menos de dos horas, por la mañana, el Gobierno puso en marcha el 155, el PSOE anunció la reforma constitucional y la Comisión Europea respaldó los esfuerzos por defender el orden constitucional. Esta respuesta coordenada noqueó por un rato al independentismo, donde las aguas siguen estando algo revueltas tras las sorpresas del pleno del martes. Las voces más dubitativas del PDeCAT no tardaron en aferrarse a la posibilidad de un debate constitucional, mientras en las esferas más convencidas se lamentaba no haber dado un paso más tajante el martes.

Buena parte de la apuesta española por desactivar el camino hacia la ratificación de la Declaración de independencia firmada el martes –sin efectos jurídicos– es provocar la implosión interna de la precaria unidad de las fuerzas soberanistas. Siempre lo ha sido. Los días de impasse que vienen entre Madrid y Barcelona serán días de tensión entre partidos y entidades independentistas, con estrategias divergentes. Pero cabe recordar, ante las dudas que se puedan generar, que siempre, incluso en los momentos más complicados del proceso, los diversos agentes catalanes han encontrado fórmulas de compromiso. Con una Declaración de independencia ya firmada, cabe esperar que en esta ocasión no sea diferente.

Puro y duro artículo 155

Lo bueno del señuelo del proceso constituyente es que aguantó en pie lo que duró el silencio de Mariano Rajoy entre su declaración del mediodía –no fue una rueda de prensa, pues no hubo preguntas– y su comparecencia ante el Congreso. Fueron cuatro horas. En la breve declaración posterior al Consejo de Ministros extraordinario, se limitó a anunciar que enviaría un requerimiento formal al president, Carles Puigdemont, para preguntarle, simple y llanamente, si ayer se produjo o no una Declaración de independencia.

Fue por la tarde, en el Congreso de los Diputados, cuando concretó que no tiene intención ninguna de dialogar ni aceptar mediación de tipo alguno. «No hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia o la ilegalidad», fueron sus palabras, entre las que incluyó la posibilidad de «dialogar sobre servicios públicos, financiación, autogobierno, solidaridad y rendición de cuentas». De nuevo, el eco cubano.

Es comprensible la discreción con la que la Generalitat quiere llevar cualquier atisbo de mediación, pero va a tener que afinar los canales de confianza con otros agentes del independentismo, porque es difícil confiar en el diálogo y la mediación después de escuchar a Rajoy. Claro que hoy es 12 de octubre y mostrar alguna debilidad a las puertas del desfile militar no parece una licencia que Moncloa se pudiese permitir.

Rajoy también apeló a Manuel Azaña, presidente de la Segunda República española: «Todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo». Las palabras son tomadas del discurso que Azaña pronunció el 18 de julio de 1938, en el segundo aniversario de la guerra. No es baladí la utilización de un dirigente republicano de izquierdas que se caracterizó por su concepción centralista frente a las ansias autonomistas de Catalunya. «Yo nunca he sido lo que se llama españolista ni patriotero, pero ante estas cosas me indigno. Y si esas gentes van a descuartizar a España, prefiero a Franco», dejó escrito Azaña, en una cita que también se atribuye a Juan Negrín. Del «antes roja que rota» al antes franquista que rota.

Una semana de «impasse»

Regresando a los hechos de ayer, por si alguien tenía dudas acerca de la puesta en marcha del 155, por la tarde se hizo público el requerimiento recibido por la Generalitat, en el que Rajoy apela a «lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución, para que proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general».

Lo bueno, si se permite la expresión, es que el propio requerimiento contempla fechas concretas que ponen un horizonte en el calendario, al contrario de lo que hizo Puigdemont con su oferta de diálogo. El documento exige al president que responda afirmativa o negativamente «si alguna autoridad de la Generalidad de Cataluña ha declarado la independencia de Catalunya y/o si en su declaración del 10 de octubre de 2017 ante el pleno del Parlamento implica la declaración de independencia al margen de que esta se encuentre o no en vigor». Estas últimas palabras son importantes, ya que el Gobierno no pregunta sobre los efectos de la Declaración, sino sobre si esta se realizó o no. Es evidente el nulo efecto jurídico del texto firmado el martes, pero quien esto escribe vio cómo el propio Puigdemont y el resto de diputados de JxSí y la CUP lo rubricaron. El Govern tiene hasta las 10.00 del lunes para contestar sí o no –no se acepta ninguna otra respuesta–.

Si la respuesta no es negativa, el Gobierno español exige a Puigdemont que revoque la declaración y cese «cualquier actuación dirigida a la promoción, avance o culminación del denominado proceso constituyente». Tendrá hasta las 10.00 del 19 de agosto. Si no lo hace, Rajoy llevará el desacato al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta para tomar las riendas de las competencias catalanas que quiera. Claro que tampoco le hacía falta la mayoría absoluta.

Una suspensión en cinco pasos

Rajoy dio ayer el primer paso para aplicar el 155. El segundo es llevar el incumplimiento al Senado, cuyo presidente se dirigirá de nuevo a Puigdemont (tercer paso). El cuarto es la evaluación de la Comisión general de las CCAA, tras lo cual la decisión se votará en el pleno (quinto paso).

No habrá elecciones autonómicas

Aunque las aguas en el seno del independentismo siguen bajando algo revueltas, el vicepresident, Oriol Junqueras, descartó ayer «del todo» la posibilidad de unas elecciones autonómicas anticipadas, que serían el símbolo del fracaso de la unidad entre fuerzas soberanistas.