José Ángel Serrano apareció muerto en una celda de aislamiento en la prisión de Zuera, Zaragoza, el 14 de octubre de 2016. Su compañera lo había visitado 24 horas antes. El preso social, natural de Bilbo, cumplía aquel día 40 años. Seguía un tratamiento siquiátrico de antiguo. En ese momento padecía una severa infección bucal. Al día siguiente, funcionarios de la prisión le encontraron muerto, desnudo junto a la puerta de su celda.

Los hechos fueron denunciados públicamente por Salhaketa y la compañera sentimental del preso y letrada Silvia Encina el pasado enero. Expuso ya entonces que había circunstancias que rodeaban la muerte que necesitaban ser aclaradas. Ayer compareció de nuevo ante los medios en Gasteiz, acompañada también de representantes de Salhaketa para denunciar que el juez ha decidido archivar el caso «sin practicar toda la prueba admitida» en un procedimiento plagado de «incumplimientos».

En ese contexto recordó que la primera autopsia solo tomó muestras de analíticas de consumo de tóxicos. Arrojó como resultado parada cardiopulmonar por edema agudo de pulmón, y se realizó «sin consultar el expediente médico». Ya entonces se les negó el derecho a ver el cuerpo si no firmaban el enterramiento, lo cual impedía una segunda autopsia. «Tuvimos que insistir para personarnos como acusación en el procedimiento, el juzgado siguió negando sistemáticamente todas las pruebas solicitadas», según rememoró Encina.

La Audiencia de Zaragoza autorizó la práctica de una autopsia tres meses después de la muerte y solicitó las declaraciones de funcionarios y médico de guardia que estaban la noche de la muerte con la coletilla «por el momento», una «triquiñuela procesal» que se ha utilizado, según denunció, para señalar que no se recurrió a tiempo. La familia había pedido ya entonces que declararan las personas presas que estaban en la galería esa noche.

Una «extraña sustancia»

Explicó la letrada que declararon cuatro funcionarios, no todos, y el médico, pero no el que estaba de guardia durante la noche sino el que se incorporó por la mañana. Agregó que las declaraciones no dejan claro por qué el funcionario de guardia no acudió al timbre de auxilio, ya que negaba que hubiera sido pulsado. La familia volvió a solicitar las declaraciones de los presos, la respuesta fue que debieran haber recurrido. Su testimonio es fundamental, porque son las únicas personas que no trabajan para la prisión, según aclaró, y hay cuestiones como el que esa noche no hubiera el preceptivo recuento o el hecho de que el preso estuviese junto a la puerta de la celda, fuera del campo de visión, que arrojan dudas sobre qué pasó y cómo se produjo la petición de auxilio.

Además, la segunda autopsia, seis meses después, realizada según las pautas establecidas en casos de muerte súbita o bajo custodia, reveló que José Ángel murió atragantado por una sustancia extraña que ocupaba el tramo desde la garganta hasta un tercio de la traquea y descartaba el edema agudo de pulmón. Al no haberse ordenado conservar el cuerpo debidamente, el estado que presentaba el cadáver seis meses después condicionó muchos aspectos, entre ellos la verificación de malos tratos. «José Ángel tenía muchísimas cicatrices», reveló Encina.

Con esta información, la familia volvió al juzgado un viernes y el lunes el juez dictó el sobreseimiento y archivo de diligencias «sin haber practicado toda la prueba», denunció. Según agregó, «toda la prueba se nos ha denegado por providencia en lugar de un auto razonado».