Organización criminal: independentismo

Si fuera director de campaña de alguna de las formaciones independentistas que concurren al 21D, pagaría por que se publicase en los medios el informe que esta semana envió la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela al Tribunal Supremo. El relato y el enfoque de la juez es tan brutal que, si tras leerlo un votante no abraza el independentismo, probablemente nunca lo hará.

Lamela describe una compleja organización criminal, perfectamente organizada, que se habría colado en el Parlament gracias a una mayoría absoluta, desde ahí habría accedido al Govern catalán y, con ayuda de sus millones de seguidores en las calles, habría llevado a cabo un plan meticulosamente pautado para derribar el orden constitucional del Estado de forma violenta.

La investigación que han llevado a cabo los tribunales ha recogido numerosas pruebas que permiten concluir que, muy probablemente, el objetivo de esta organización criminal era la independencia de Catalunya. Como lo oyen. Y, tal y como resalta la propia jueza, pensaban hacerlo de forma dialogada si fuera posible, pero sin descartar hacerlo de forma no acordada en último término, usando su poder surgido de las elecciones. ¿Tiemblan ya?

Uno se pregunta de cuántos miembros debe constar una organización como la descrita para poder acceder a un gobierno de forma legítima. ¿Millones de personas? ¿Es posible que estemos ante la organización criminal más numerosa de occidente? El poder de captación debe de ser también colosal, cuando la jueza no solo señala a los miembros del Govern y diputados independentistas, sino que además habla de la probable colaboración de los funcionarios de la Generalitat y señala a organizaciones con miles de socios, como la ANC y Òmnium.

No quisiera sacar conclusiones precipitadas, pero todo apunta a que la organización criminal que se juzga se llama movimiento independentista catalán. Una voluntad política de millones de ciudadanos que se ha vehiculado de forma democrática y mediante elecciones. Eso y no otra cosa es lo que el Estado describe como un grupo terrorista. Y es que, para el Estado, no hay mayor agresión que ver cuestiona la unidad de España desde la ciudadanía en las urnas.