Una campaña en manos del Supremo

Los dirigentes catalanes encarcelados pedirán a partir de hoy declarar ante el nuevo juez, Pablo Llarena, que deberá decidir si, igual que hizo con Forcadell, permite su puesta en libertad previo pago de una fianza. Las decisiones del Supremo, que podría llamar a declarar a nuevos investigados –ayer se hablaba de Marta Rovira–, condicionarán irremediablemente la campaña del 21D. Entre tanto, ayer falleció por infección pulmonar el fiscal superior de Catalunya.

Los escenarios van cambiando, pero Catalunya sigue siendo un reguero continuo de noticias que confluyen en la fecha del 21 de diciembre. Si no que se lo digan al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, cuyo fallecimiento fue perdiendo relevancia conforme avanzaba el día. El responsable de llevar a los tribunales a los impulsores del 9N, así como a la Mesa del Parlament a causa del 1-O, murió por infección pulmonar a primera hora de ayer a los 69 años, ocho días después de que falleciera también su superior, José Manuel Maza.

Pero el foco informativo se centró rápidamente sobre el Tribunal Supremo, que ayer recibió formalmente toda la causa contra el Govern y los líderes de las entidades soberanistas, hasta ahora en manos de la Audiencia Nacional española. La juez Carmen Lamela se queda solo con los casos del ex mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la intendente Teresa Laplana.

Tan pronto como se conoció la noticia, los medios catalanes avanzaron que las defensas de los presos políticos catalanes pedirán a partir de hoy declarar ante el juez que ahora lleva su causa, Pablo Llarena. Lo harán con la esperanza de que su criterio –diferente a la de Lamela– les permita recobrar la libertad, tal y como ocurrió con Carme Forcadell y el resto de la Mesa del Parlament, que eludieron la prisión con el pago de fianzas.

El bumerán de Llarena

El juez del TS tendrá en su mano, por tanto, que los dirigentes catalanes encarcelados puedan participar en la campaña electoral del 21D, en la cual muchos de ellos constan como candidatos en las listas de Junts per Catalunya y de ERC. El diferente criterio de Llarena sobre la prisión provisional, sin embargo, no significa que vaya a instruir el caso con mayor benevolencia que Lamela.

Valga como ejemplo la información conocida ayer acerca de la posible imputación de la número dos de ERC, Marta Rovira –en días previos se habló también de la diputada de la CUP Anna Gabriel–. Según la Cadena Ser, la Guardia Civil la considera impulsora del 1-O y podría ser llamada a declarar en los próximos días. De hecho, ya se había advertido en días previos sobre la posibilidad de que, al asumir prácticamente toda la causa del 1-O, el juez Llarena ampliara el foco de la investigación, pudiéndose producir nuevas imputaciones.

Guerra abierta en el seno del bloque del 155 de cara al 21D

Los bloques electorales para el 21D son los que son, de sobra conocidos. Los partidos independentistas tienen, a grosso modo, dos millones de votos para repartirse. Algo menos los unionistas. Solo los Comuns aspiran a pescar en ambos caladeros, aunque cada vez con menos éxito, según empiezan a dibujar las encuestas. Sea como sea, es natural que la pugna electoral no se dé solo entre bloques, sino también en el seno de cada uno de ellos. Es algo conocido en el ámbito independentista, donde ERC aspira a ganar por primera vez unas elecciones al Parlament, pero cada vez se manifiesta más claramente también en el bloque del 155.

Quedó de manifiesto ayer en la presentación de la campaña de Ciudadanos, donde tanto Albert Rivera como la candidata, Inés Arrimadas, apuntaron más hacia el PSC que hacia el soberanismo. «Siempre ha traicionado a la mayoría de sus votantes», lanzó Rivera tras sugerir que ya se está cocinando un tripartito con los Comuns y ERC. En su programa, sin embargo, los objetivos que constan son otros; entre ellos, acabar con la inmersión lingüística y promover el castellano.

C’s también ocupó titulares ayer tras pedir a la Junta Electoral Central que prohíba los lazos amarillos y la iluminación de edificios de dicho color, símbolo del encarcelamiento de dirigentes presos. Ayer la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, retiró a petición de la Junta Electoral la pancarta por la libertad de los presos políticos.B.Z.