Todos los derechos para todas las personas
El día 10 de diciembre de 2017 se cumplen 69 años de la firma y aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es por ello que cada año se conmemora en esta fecha el Día Internacional de los Derechos Humanos.
En nombre de la Fundación Egiari Zor, reiteramos en el día de hoy nuestro compromiso de continuar trabajando para la consecución de un escenario de paz donde los derechos de todas las personas estén garantizados. De la misma forma, también queremos denunciar la flagrante falta de compromiso del Estado español, que continúa sin hacer absolutamente nada por remediar la desigualdad que las víctimas de su violencia vivimos e impide toda dinámica de denuncia o reconocimiento.
Todo el sistema de protección de los derechos humanos está diseñado en función del reconocimiento del Estado como el sujeto legítimamente responsable de garantizar la no vulneración de los mismos. El hecho de que el que supuestamente es único garante de los derechos más básicos de su ciudadanía se convierta en el que los vulnera, clama por su gravedad. Esta responsabilidad no puede ser obviada.
Como ejemplo de ello, asistimos durante estas últimas semanas perplejas al seguimiento mediático banal y misógino de la brutal violación de Sanfermines de 2016. Pese a que un ataque de este tipo sirva para rellenar minutos y minutos de telediarios y debates, nadie hace ningún tipo de hincapié en el hecho de que varias de las personas que supuestamente lo perpetraron son funcionarios del Estado. Menudo Estado el que garantiza de ese modo los derechos a su ciudadanía.
A las víctimas de la violencia practicada por el Estado, nuestra experiencia nos otorga la autoridad para exigir conocer la verdad sobre las muertes, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzosas, las heridas, las torturas, las amenazas y en general, toda vulneración de derechos humanos. Pero se nos sigue haciendo caso omiso. Y lo peor de todo: además de no asumir las responsabilidades de lo hecho, se continúan vulnerando derechos a día de hoy: siguen sin cumplirse los protocolos internacionales para la prevención de la tortura; sigue existiendo la posibilidad de aplicar el régimen de incomunicación a las personas detenidas; cientos de familiares y amigos de presos vascos continúan cada semana poniendo su vida en peligro en la carretera; se siguen vulnerando derechos básicos de las personas presas como es el caso de Ibon Iparragirre…
Todo esto no lo decimos solo nosotras. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha recomendado en reiteradas ocasiones (la última en su sexto informe publicado en julio de 2015) al Estado Español velar porque todas las violaciones de derechos del pasado, incluso las cometidas bajo su amparo, sean investigadas; derogar la Ley de Amnistía de 1977 para hacer posible la investigación de los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias; prohibir en su ordenamiento jurídico la concesión de indultos a las personas declaradas culpables; asegurar la utilización de la grabación de interrogatorios en las dependencias policiales; o eliminar la detención en condiciones de incomunicación. Continúa sin haber respuesta.
Por otra parte, Amnistía Internacional también recoge en su último informe «sobre el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos, como la tortura» que España sigue sin atender, conforme a sus obligaciones internacionales, a las víctimas de tortura y malos tratos, y exige tanto al Gobierno de Madrid como al Gobierno Vasco hacer un reconocimiento público del daño causado por haber vulnerado derechos humanos.
La continua reproducción de hechos de este tipo sigue suponiendo una tragedia para miles de familias. Es hora de conocer toda la verdad de lo sucedido. Porque la verdad, puede ser un mecanismo de justicia. El derecho internacional reconoce la posibilidad de buscar verdad y reparación mediante diferentes mecanismos. Nosotras descartamos una vía de resolución que busque el castigo, porque solo supondría perpetuar el conflicto y sus consecuencias. Pero para ello, es imprescindible que el Estado asuma su responsabilidad. Así como es imprescindible solucionar los problemas políticos mediante vías políticas.
El el día de hoy, queremos terminar repitiendo que nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos es inequívoco, y deseando que los que han de garantizar estos mismos derechos actúen responsablemente de una vez por todas. Nunca más vulneraciones. Todos los derechos para todas las personas.
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