Ayer se conocieron los datos del Ministerio español de Empleo y Seguridad Social sobre la evolución del desempleo durante el mes de diciembre. Unas cifras que completan la estadística anual y que permiten hacer una valoración sobre las tendencias de fondo que se dibujan en el ámbito de las relaciones laborales en un momento que se califica como de recuperación económica.

Si bien es cierto que las estadísticas reflejan una disminución del desempleo, el ritmo de reducción es menor cada año que pasa. Además, aunque el paro baja, la economía registró en 2017 menos empleos que en 2008, lo que lleva a pensar que la renuncia a la búsqueda de empleo o la emigración –fruto de las precarias condiciones de trabajo que se ofrecen– pueden tener también un importante peso en esa caída del desempleo. Un reflejo de la precariedad de esos nuevos empleos que se ofrecen es la absoluta desproporción que existe entre contratos temporales y fijos firmados. El contrapunto que completa el actual modelo laboral es el cada vez más paupérrimo sistema de protección social que en la actualidad solo proporciona cobertura a un 30% de las personas desempleadas. Estas tendencias no invitan al optimismo y, excepto por parte de la patronal vasca y los consejeros del ramo, no ha habido valoraciones positivas de las cifras conocidas ayer.

Con estos datos no es extraño que el empleo se encuentre entre las mayores preocupaciones de la ciudadanía vasca. Así lo han entendido también Uxue Barkos e Iñigo Urkullu, que en sus discursos de fin de año situaron el empleo de calidad entre sus prioridades políticas para este 2018. Hacer suyas las preocupaciones de la ciudadanía es, desde luego, una actitud positiva; pero los buenos deseos no suelen llevar muy lejos si no van acompañados de diagnósticos certeros y medidas concretas. En sus manos está que el sector público sea modelo de ese compromiso político con el empleo de calidad.