No son días fáciles para el PP. A la obsesión Puigdemont se suman las graves revelaciones de su exsecretario general en el País Valencià, Ricardo Costa, y el aliento en la nuca de Ciudadanos, con un Albert Rivera crecido tras unas elecciones catalanas que dejaron al partido que gobierna España como última fuerza parlamentaria en Catalunya. Razones todas ellas que llevaron al Consejo de Ministros a aprobar el recurso de inconstitucionalidad contra el nombramiento de Carles Puigdemont como candidato a la investidura en el pleno del próximo martes.

El Gobierno de Mariano Rajoy tomó la decisión pese al inesperado revés sufrido la víspera por parte del Consejo de Estado, que consideró que un recurso preventivo como el propuesto por el Ejecutivo no tiene cabida en el ordenamiento jurídico español, al estar basado en «hipótesis». La decisión queda ahora en manos del Tribunal Constitucional, cuya decisión condicionará irremediablemente el inicio de la legislatura.

No admitir el recurso a trámite sería un severo varapalo para Rajoy y, en especial, para su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha asumido todo el protagonismo –y el desgaste– de la gestión del conficto catalán. Admitir a trámite el recurso, por el contrario, implicará la suspensión cautelar de la candidatura de Puigdemont a la investidura. El TC deberá en tal caso especificar qué consecuencias tiene dicha suspensión, ya que es una incógnita si tras la prohibición del pleno empezará a correr el cronómetro de dos meses para investir un president o si todo quedará congelado en un limbo legal tras el cual se mantendrá la suspensión de la autonomía catalana vía artículo 155 de la Constitución.

Desde Bruselas, además de presentar una demanda ante el Supremo contra la impugnación, Puigdemont pidió personarse ante el TC para defender su candidatura, por lo que a los magistrados se les acumula el trabajo. El Alto Tribunal podría anunciar su decisión hoy mismo, tras un pleno extraordinario que se celebrará a las 13.00.

Intercambio de reproches

Como ya hizo el jueves, Sáenz de Santamaría justificó ayer la impugnación como modo de «evitar que se vuelva a vulnerar la ley». «El señor Puigdemont está en busca y captura en territorio nacional, y esta circunstancia en la que se ha colocado voluntariamente le impide ser candidato», añadió la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que solo le faltó abroncar a los catalanes por no haber votado correctamente: «El señor Torrent podía haber presentado a muchos otros candidatos».

La respuesta catalana llegó a los pocos minutos por parte del propio Torrent, que compareció en el Parlament para recordar el funcionamiento del sistema parlamentario: «Yo no propongo un nombre según mi capricho o mi arbitrariedad, la vicepresidenta debería saberlo; yo lo que hago es escuchar a las fuerzas parlamentarias y, una vez escuchadas, propongo formalmente el nombre del candidato que reúne los apoyos parlamentarios necesarios».

Por ello, consideró que Moncloa «no está impugnando una decisión del president del Parlament, sino el voto de millones de personas, la voluntad de los diputados y el funcionamiento del sistema democrático». «El recurso no tiene ningún fundamento jurídico, y eso lo sabe cualquier ciudadano con unas mínimas nociones de derecho; y también lo sabe, y lo ha expresado, el Consejo de Estado», recordó un Torrent que calificó el recurso de «fraude de ley».

Torrent fue contundente a la hora de reiterar que «el candidato propuesto al pleno es el diputado Carles Puigdemont i Casamajó porque cumple todos los requisitos», pero no concretó si, en caso de suspensión del pleno, la legislatura empezará o no desobedeciendo al TC.

El Parlament acoge la primera reunión tripartita entre JxCat, ERC y la CUP tras el 21D

Las conversaciones han sido constantes desde las elecciones del 21 de diciembre, pero lo cierto es que negociaciones formales dignas de tal nombre no se han conocido entre las fuerzas independentistas. Al menos hasta ayer, cuando representantes de Junts per Catalunya, ERC y la CUP se reunieron en el Parlament a petición de estos últimos, inquietos ante lo que pueda ocurrir si el TC suspende la candidatura de Carles Puigdemont a ser investido y deseosos de conocer los planes de gobierno de los dos partidos mayoritarios del independentismo para decidir qué posición tomar ante el pleno del martes. Apenas trascendió nada del encuentro.

Las elecciones del 21D otorgaron 66 diputados a JxCat y ERC, frente a los 65 que suman Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú y PP, de forma que los cuatro diputados de la CUP ya no son necesarios para sumar una mayoría independentista, algo que ha reducido notablemente la capacidad de influencia de la formación anticapitalista. Esta aritmética, sin embargo, solo funciona a priori, ya que si los cinco diputados en el exilio belga no pudiesen votar, los cuatro votos de la CUP serían imprescindibles para empatar la partida.B. Z.