Como es sabido, el PNV no da puntada sin hilo a la hora de redactar sus documentos. Y en materia del reconocimiento del derecho a decidir, los jeltzales han hecho un tránsito desde lo aprobado en el Estatuto Político diciembre de 2004, con Juan José Ibarretxe en Ajuria Enea, a lo presentado en la pasada legislatura en la Ponencia de Autogobierno (recogido textualmente luego en su último programa electoral) y de ahí a lo finalmente registrado ayer en el Parlamento.

No significa esto que haya contradicción entre los tres documentos. La diferencia con el Estatuto Político de 2004 se puede explicar por el paso de 13 años y porque aquel era un texto ya articulado y ahora estamos en una fase previa.

Pero en lo relativo a la diferencia entre la propuesta recogida en el programa electoral de 2016 y lo finalmente entregado ayer a la Ponencia, alguna razón debe haber para los cambios introducidos, cuando lo más sencillo hubiera sido cortar y pegar el apartado de un documento a otro.

El Estatuto Político de 2004 recogía el derecho a decidir «de conformidad con el derecho de autodeterminación de los pueblos, reconocido internacionalmente». Y además de ponerlo como base de todo el texto posterior, le dedicaba el artículo 13 para determinar la capacidad de realizar referéndumes, entre otras cosas «en lo relativo a las relaciones con el Estado español».

Años después, en enero de 2016, el PNV presentó a la Ponencia de Autogobierno once «bases para la actualización del autogobierno vasco» que en el punto 4 hablaban de «derechos históricos y derecho a decidir». Allí se recogía expresamente que «el Pueblo Vasco constituye un sujeto jurídico y político con derecho y capacidad para decidir sobre su futuro, a ser consultado y a que su voluntad democráticamente expresada sea respetada». Y con ese punto en su programa fue el PNV a las elecciones que ganó para volver a investir a Iñigo Urkullu.

En el documento presentado ayer se vuelve a defender el derecho a decidir, pero su expresión ya no es un referéndum sobre las relaciones con el Estado español o una consulta, sino que la aprobación del nuevo estatus se entiende ya en sí misma como el ejercicio de ese derecho a decidir.

Habrá que ver cómo evolucionan los trabajos de la ponencia. Todavía ayer, el portavoz jeltzale, Joseba Egibar, no rechazaba que el derecho a decidir tuviera finalmente un artículo expreso en el futuro texto como lo tuvo en 2004.

Por otro lado, la propuesta del PNV en materia competencial y de relación con el Estado es muy potente por el momento y, si no se rebaja, su aprobación podría entenderse, en efecto, como ese ejercicio de derecho a decidir que han teorizado los jeltzales.

Pero el cambio está ahí y es llamativo. Lo que habría que saber es por qué se ha producido. Si fuera para tratar de sortear escenarios como a los que el Estado ha arrastrado a Catalunya, a la vista de las reacciones de ayer del PSE y sobre todo del PP, está claro que Madrid no va a admitir un nuevo estatus en los términos fijados por el PNV. Inevitablemente esto llevará a plantear algún tipo de confrontación democrática. Si ese va a ser el final –y no el de volver a agachar las orejas–, ¿para qué se plantea la nueva redacción?