La firma de los seis millones de euros de Begoña Ganuza

La operación fallida que inició el PSN sobre los campos de Oncineda generó una serie de documentos cuya aceptación por parte del Ayuntamiento de Lizarra resulta hoy difícilmente entendible. El más extraño de todos ellos lo firmó la exalcaldesa Begoña Ganuza.

El proyecto de Oncineda lo lanzó el PSN, pero a la alcaldesa de Lizarra María José Fernández se le acabó la legislatura en 2007 cuando aún tenía los papeles a medio firmar. La idea era desarrollar una ciudad deportiva en la zona conocida como Oncineda intercambiando a los propietarios sus parcelas por otras que debían desarrollarse urbanísticamente en otro sector de la ciudad, Ibarra. Finalizada la legislatura de Fernández, Begoña Ganuza, la flamante nueva alcaldesa de UPN, remató esa firma de papeles apenas unas semanas después de asumir el cargo.

Sobre este planteamiento general, se sucedieron una serie de irregularidades y actos de difícil explicación que hoy tienen en vilo a las arcas de la Ciudad del Ega. Por ejemplo, los convenios y anexos expropiatorios fueron firmados por ambas alcaldesas sin estar autorizadas para ello, según ha acreditado Comptos. La Cámara advierte también que «no constan informes técnicos –jurídicos, urbanísticos ni económicos– que justifiquen la operación, algo especialmente relevante en el caso de los anexos». Los auditores públicos navarros denuncian, además, que se tejió cierto manto de opacidad, ya que todo el proyecto se realizó con asesores externos, algo que «ha dificultado la actuación de los órganos técnicos municipales».

El documento que GARA hace público hoy es el más polémico e inexplicable de los anexos. Está firmado por Ganuza, que hoy compatibiliza el cargo de concejala en Lizarra con el de parlamentaria de UPN. Este documento viene datado el 5 de julio de 2007. En él, la alcaldesa acuerda el valor del metro cuadrado de terreno con un grupo de propietarios: los hermanos Mendiri Ursúa. En la página 6 de dicho anexo se establece el valor 108 euros el metro (para una finca de 5.543 metros o «seis robadas y dos almutadas»). Este papel obligaba, por tanto, al Ayuntamiento a pagar 598.644 euros a esta familia en caso de que no se les intercambiara esa finca por otra equivalente en el sector de Ibarra en ocho años. Se firmaron seis anexos prácticamente iguales, pero lo que distingue este es el precio del metro, que era un 225% superior al del resto de propietarios. A todos los demás, se acordó en pagarles 49,94 euros por metro, precio que estableció un tasación que realizó para el Ayuntamiento la empresa EIN. A consecuencia de ello, la finca concreta se sobrevaloró en 321.817 euros. Los hermanos Mendiri Ursúa consiguieron que el Ayuntamiento les aceptara sin pega alguna una tasación pagada por ellos mismos al arquitecto Jesús Aramendía, fechada a 14 de diciembre de 2006. Este documento de parte, que también obra en poder de GARA, se hizo –según reconoce el mismo tasador– partiendo de «la hipótesis de mayor y mejor uso» para esa parcela (incluyendo máxima edificabilidad y venta al máximo precio). Dicha valoración nunca fue refrendada por técnicos municipales. Ganuza, en sus alegaciones a Comptos, esgrime dos argumentos para justificar por qué estampó allí su firma y el sello municipal: afirma que ella no realizó la tasación y que nadie le advirtió de que aquello era ilegal.

El problema que tiene hoy Lizarra, sin embargo, se ha hecho bastante más grande. Pasados los ocho años fijados de plazo, Ganuza no cumplió su parte y a ningún propietario se le han intercambiado sus terrenos en Oncineda por otros en Ibarra. Todos los propietarios firmaron, además, una clausula para cubrirse las espaldas que dice que si a algún particular el Ayuntamiento aceptaba pagar un precio más alto, esa misma tasación se aplicaría a todos. En consecuencia ya no habría que pagar a 108 euros el metro las seis robadas y dos almutadas de los Mendiri Ursua, sino los 89.538,75 metros de todo el plan. Según el cálculo de Comptos, la firma de la exalcaldesa de UPN encareció las indemnizaciones en 6.022.675,21 euros (elevándolas de 4,13 millones hasta los 10,15).

A día de hoy, la principal esperanza que tiene el Ayuntamiento es que las otras presuntas irregularidades cometidas por Ganuza y su predecesora del PSN sean de tal entidad como para que se invalide todo lo firmado. Y mientras todos los interesados esperan a que se resuelva el caso, en los prados de Oncineda sigue creciendo la hierba.