Al PNV, que gobierna con mayoría absoluta en Lezama, no le ha sentado nada bien el nuevo varapalo judicial al Ayuntamiento y a la Diputación de Bizkaia por las irregularidades detectadas en la tramitación del Plan General de 2015. Este PGOU sustituyó a las normas subsidiarias de 2007, que el Supremo tumbó en 2011, ratificando una sentencia previa del TSJPV de 2009.

La anulación por segunda vez de un plan urbanístico en un mismo municipio es un caso inédito en la CAV. Los jeltzales no ocultan que es «un hecho de enorme gravedad», algo en lo que coincide la asociación Lezama Bizirik, que incide en que llevan 30 años sin una norma urbanística.

El PNV considera la resolución judicial «un golpe al futuro de Lezama con daños en algunos casos irrecuperables», acusando a la izquierda abertzale de estar detrás de los obstáculos que encuentran en los tribunales las directrices urbanísticas que pretende implantar. El aval que esgrime son los resultados electorales, por los que dispone de seis ediles frente a los cinco de EH Bildu.

Quienes demandan otro modelo para Lezama afirman que es «perfectamente legítimo» que los jeltzales planteen y defiendan el suyo, pero reclaman debate y negociación, no que se «imponga aprovechando la exigua mayoría aritmética» que tienen en el Consistorio.

PNV: «Aspectos subsanables»

Tras insistir en que el PGOU se anula por «un defecto en la tramitación de la participación ciudadana, que la ha habido»; un error en la recalificación de suelos de alto valor agroecológico o de suelos potencialmente contaminados y el retraso en la solicitud del trámite de telecomunicaciones, los jeltzales entienden que «todos ellos» son «aspectos subsanables». Para el PNV, así lo subraya en una publicación distribuida en el pueblo, se pone en riesgo «indirectamente» los desarrollos urbanísticos en otros municipios de Txorierri incluidos en el Plan Territorial Parcial (PTP) del Bilbao Metropolitano.

El Consistorio recurre la sentencia ante el TS aunque, según Lezama Bizirik, pretende llevar adelante alguna de las actuaciones incluidas en el PGOU «de la forma más consensuada posible». Desde la asociación responden que no se puede impulsar el recurso y llamar al diálogo. «Es imposible», remarcan quienes no entienden el afán por ocupar nuevos suelos con más de 700 viviendas cuando de las 1.000 existentes en el pueblo 200 están vacías.

Además, inciden en que no se creen las promesas del PNV de construir pisos de VPO «cuando durante los últimos 40 años no lo han hecho, obligando a los jóvenes a marchar de Lezama».

«El recurso va a atrasar unos años cualquier salida, va a suponer un nuevo dispendio económico para los bolsillos de todos los lezamarras y no va a prosperar», aseguran. Lezama Bizirik insiste en que su apuesta es un plan urbanístico «consensuado, justo y sostenible», aunque advierte al Gobierno municipal de que «seguirán peleando en los tribunales» viendo la decisión de los jeltzales.