El Tribunal de Cuentas juzga hoy en Madrid al exdiputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, Iñaki Errazkin, y a la expresidenta de GHK, Ainhoa Intxaurrandieta, por haber suspendido el contrato de construcción de la incineradora. Los actuales gestores de GHK, con los votos favorables de PNV y PSE, presentaron la demanda por la que reclaman 46 millones de euros a Errazkin e Intxaurrandieta.

La rescisión de contratos en la administración pública es habitual y las razones suelen ser variadas. Pueden ir desde las más técnicas hasta ser parte de un programa político. Tratar de criminalizar esa actuación es una decisión política excepcional y sin precedentes. Para Bildu suspender la construcción de la incineradora era un mandato electoral. El contrato que firmaron PNV y PSE contenía además condiciones vergonzosas que no buscaban el bien común sino hacer irreversible un proyecto contestado socialmente. Entre ellas se incluían un contrato especulativo en forma de permuta financiera (swap). Los mismos que cerraron aquel acuerdo indecente a espaldas de la ciudadanía no están precisamente cualificados éticamente para perseguir a aquellos que trataron de minimizar el daño. Ellos mismos han aceptado, por ejemplo, que se trataba de un proyecto sobredimensionado. Luego, si se hubiera hecho como ellos planteaban, también hubiera sido lesivo. Esto debería estar sujeto al castigo de los electores, no de los tribunales. Más cuando los acusados no obtuvieron más beneficio que cumplir con su programa, legítimo y democrático.

Atacar a los trataron de deshacer el enredo para cumplir un mandato así muestra una escasa cultura democrática. Perseguir al oponente para hacerle pagar por sus decisiones legítimas es el comportamiento de quien se cree dueño de las instituciones y del poder; del prepotente que, incapaz de convencer, se niega a dialogar y busca la humillación del adversario. Patético y muy peligroso, porque dinamita puentes y sienta un mal precedente político.