UNA RESPUESTA MULTITUDINARIA EN IRUÑEA A UN JUICIO INJUSTO

DECENAS DE MILES DE PERSONAS SE DIERON CITA AYER EN IRUÑEA PARA DENUNCIAR LA SITUACIÓN DE OCHO JÓVENES DE ALTSASU QUE MAÑANA SERÁN JUZGADOS EN LA AUDIENCIA NACIONAL. ESTÁN ACUSADOS DE «TERRORISMO» Y SE ENFRENTAN A LARGAS PENAS DE PRISIÓN POR UNA TRIFULCA EN UN BAR CON DOS GUARDIAS CIVILES.

Mañana arranca en la Audiencia Nacional española el juicio contra ocho jóvenes de Altsasu acusados de un delito de «terrorismo» por una trifulca con dos guardias civiles fuera de servicio en el exterior de un bar. Ainara se enfrenta a una pena de 12 años y medio de prisión. Adur, Jokin, Iñaki, Julen, Aratz y Jonan a 50 años. Y Oihan a 62 años y medio de cárcel. Tres de ellos permanecen en prisión, llevan más de 500 días encarcelados. Están en Estremera, Navalcarnero y Aranjuez, a cientos de kilómetros de sus familiares y amigos. Todo por un altercado a altas horas ocurrido el 15 de octubre de 2016, una fecha marcada en negro en el recuerdo de sus allegados, que ayer recibieron el apoyo de decenas de miles de personas –50.000 según los organizadores– en las calles del centro de Iruñea.

«Dijimos que íbamos a convertir Pamplona en la ciudad de la justicia, y ha quedado patente que ha sido así», remarcaron los padres y las madres de los jóvenes ante los congregados en la Plaza del Castillo, donde advirtieron de que se enfrentan a un proceso en un «tribunal excepcional, alejado de la realidad navarra, donde no se cumplen las garantías mínimas para un juicio justo». «Este tribunal ha impedido a nuestros abogados la presentación de pruebas y testigos fundamentales. Ha denegado la recusación de una jueza con evidentes vínculos con una de las partes que menoscaban su debida imparcialidad», indicaron antes de señalar que «la cuestión no radica en estar a favor de unos o de otros, radica en estar a favor de los derechos fundamentales para todas y todos».

En este sentido, destacaron que «lo que está en juego no es solo el futuro de nuestras hijas e hijos. Están en juego los derechos y principios democráticos, como la presunción de inocencia, el derecho al juez natural, el uso no extensivo de la ley, el principio de proporcionalidad, o el derecho a la defensa y a un juicio imparcial. Debemos preguntarnos si se debe permitir que la sobreactuación mediática, política y judicial desgasten las bases democráticas mediante el abuso de poder».

Ellos y ellas temen que la «exageración, la distorsión, la desproporción» derive en la imposición de largas penas de cárcel que «no se correspondan con la gravedad de los hechos». «Desde el primer momento hemos lamentado los hechos de aquella madrugada y hemos considerado que nunca debieron ocurrir. Hemos abogado por la convivencia, la libertad, la justicia y los derechos humanos. Y no pedimos impunidad, exigimos justicia y respeto a la presunción de inocencia», subrayaron antes de recordar que hechos similares a los ocurridos en Altsasu suelen resolverse con penas menores, multas e indemnizaciones. «En 2016, según fuentes del Ministerio del Interior, se produjeron 9.571 casos de broncas o enfrentamientos con policías o guardias civiles, y el de Alsasua constituye el único caso donde se clasifica como acto terrorista. En alguna ocasión, incluso, han llegado a preguntarnos cuántos muertos había habido», apuntaron.

La calificación de «terrorismo» ha suscitado el enfado de la ciudadanía, y ha generado una ola de solidaridad sin precedentes. Casi 100.000 personas han firmado el manifiesto de apoyo, y 194 profesionales del ámbito del derecho, 88 diputados y senadores, y 52 europarlamentarios han censurado la situación de los ocho jóvenes. El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha reconocido que desde Bruselas siguen con interés el caso, y organizaciones internacionales como Fair Trials han denunciado la vulneración de derechos fundamentales. Esta misma semana Amnistía Internacional ha pedido que se retire el delito de «terrorismo», que, en opinión de esta entidad, se está aplicando de forma «desproporcionada, alejándose de los requisitos de claridad y precisión exigidos por el Derecho Penal y por diversos relatores de Naciones Unidas».

«Venganza y castigo»

Una opinión compartida por los integrantes de la plataforma Altsasukoak Aske, que criticaron un cambio normativa «cuestionado por su arbitrariedad y por su posible uso extensivo. Hoy en día sabemos bien cuál es su fin, se quiere condenar a la sociedad al miedo y al silencio». Y el caso de Sakana es un ejemplo que «está completamente fuera del sentido comú n». «Es una auténtica irracionalidad jurídica», manifestaron, y alertaron de que «es evidente que hay un claro ánimo de venganza y castigo a través de nuestros amigos».

Asimismo, cargaron contra el papel que han jugado ciertos medios estatales, «convertidos en voceros y coartada de esta aberración. Nos vimos en la televisión, en cámaras ocultas y llenando páginas amarillistas con el único objetivo de alimentar este montaje, de mostrarnos como el demonio, declarando que éramos un pueblo enfrentado en el que casi no se podía ni respirar. Quisieron hacer de la mentira una versión incuestionable. Pero la mentira tiene patas cortas, y la solidaridad un corazón muy grande».

A este respecto, los familiares de los jóvenes hicieron hincapié en que durante estos meses han recibido el calor de personas de todo tipo de color político: «Votantes y militantes de todos los partidos políticos que se sientan en las instituciones navarras han caminado juntos en la defensa de los derechos. Porque estamos ante acontecimientos que trascienden los intereses partidistas». Sin embargo, les duele que «algunos representantes en privado nos muestren su comprensión y luego públicamente sean hostiles».

«Por ello, pedimos a la sociedad y a sus representantes que superen barreras, porque no estamos hablando de ideologías, estamos hablando del carácter democrático de un estado de derecho. Nuestra sociedad, las instituciones de nuestra tierra, los tribunales navarros, la mayoría política y sindical han dicho que estos hechos ocurridos en Navarra deben juzgarse en Navarra. Y defender la injerencia externa de unos poderes que hacen un uso torticero de la ley, defender que nuestros hijos sean encarcelados a cientos de kilómetros de sus hogares, defender que estos hechos se juzguen en tribunales excepcionales, desde luego, no es defender a Navarra», afirmaron.

La manifestación de ayer puso de manifesto cuáles son las fuerzas que abogan por reivindicar justicia para los imputados, y cuáles son las que prefieren mirar hacia otro lado. Así, entre las presentes se pudo ver a la portavoz del Gobierno de Nafarroa, María Solana, que reiteró que el Ejecutivo quiere que se garantice el principio de proporcionalidad, que «colisiona directamente con una prisión preventiva que dura ya mas de 500 días para alguno de los jóvenes». «Y creemos que lo más justo hubiera sido que el caso hubiera sido juzgado en Navarra, tal como lo expresó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que dijo que la competente para este caso era la Audiencia Provincial. Por eso creemos que es de recibo aparecer como garantes de la defensa de un principio como es el de proporcionalidad, de una justicia que tenga que serlo igual para todas las personas», añadió.

«No es casualidad»

Además, denunció que no se puede aplicar el Codigo Penal de una u otra forma en función del código postal. Algo que también fue censurado por el portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Nafarroa, Adolfo Araiz, que considera que «no es casualidad que esto se produzca en Euskal Herria, y tampoco es casualidad que suceda en Nafarroa». Él, al igual que Maddalen Iriarte, Maiorga Ramírez, del alcalde de Iruñea, Joseba Asiron, o el lehendakari Carlos Garaikoetxea, por citar solo algunos de los políticos soberanistas que asistieron a la manifestación de ayer, salieron a la calles para reivindicar justicia, exigir que todos los jóvenes imputados en este caso estén en la calle y reclamar garantías jurídicas plenas para los ocho acusados.

Lo mismo hicieron responsables sindicales y rostros conocidos del deporte y de la cultura, como Fermin Muguruza.

«En el primer momento nada más enterarme de esta historia me di cuenta de que esto era un montaje terrible, porque conozco muy bien lo que son las fiestas de los pueblos, y cómo muchas veces hay peleas entre gente, incluso, de la misma cuadrilla. Y decir que lo ocurrido es terrorismo es una gran falacia que no se puede admitir. Todos sabemos lo que es una organización armada, lo que son los atentados, y esto no tiene nada que ver», explicó en declaraciones a los medios. A su vez, lamentó ver a chicos jóvenes, «de la edad de mis hijos, que están soportando situaciones injustas con las que nos hemos tenido que enfrentar nosotros durante generaciones. Por eso tenemos que estar aquí, recoger toda esta euforia y trabajar para que esto no siga adelante».

Y es que ayer no terminó nada. Ayer comenzó una pelea que se intensificará a partir de mañana en Madrid, a donde los acusados van «con mucha más fuerza que ayer. Nos esperan dos semanas de tribunales y focos mediáticos dando versiones contrapuestas. Lo que verdaderamente nos reconforta es vuestra solidaridad y compromiso con una sociedad justa, sana y libre. El día de hoy, 14 de abril, marcamos un hito histórico frente a la injusticia. El día de hoy quedará marcado en el calendario como una demostración de dignidad, y también como una referencia a futuro. Hemos cimentado un escalón en el camino, pero esto no ha acabado. Seguimos y seguiremos, y os esperamos a todas y a todos en el camino», concluyeron los miembros de Altsasukoak Aske.