El Tribunal Correccional de París arrancó, ayer tarde, con una causa judicial que se ve con nada menos que 14 años de retraso sobre los hechos que se reprochan a las cuatro personas encausadas. La Fiscalía acusa al cantante zuberotarra Peio Serbielle y a los bearneses Robert Arricau, Maryse Lavie y Didier Arricau de «pertenencia a organización de malhechores en una empresa con fines terroristas», por alojar a militantes de ETA.

Todos ellos fueron arrestados el 3 de octubre de 2004 durante la que la Policía gala bautizó como «operación santuario», en la que fueron detenidas 17 personas. Entre los detenidos en esa operación, desarrollada principalmente en Euskal Herria y en Bearn, figuraban Mikel Albizu y Marixol Iparragirre, condenados con posterioridad por la Justicia francesa a altas penas de prisión por «pertenencia» a ETA en «grado de dirección».

El proceso abierto ayer en París, además de tardío, tiene una alta dosis de extemporaneidad. Para caer en la cuenta de ello basta aludir a dos circunstancias. La primera de ellas, Albizu e Iparragirre, recluidos ambos en la prisión de Réau, a las afueras de París, recibieron, antes de la manifestación del 9 de diciembre de 2017 en París en favor de los derechos de los presos, la visita de los parlamentarios vascos Vincent Bru y Max Brisson, y del eurodiputado verde francés José Bové. La segunda referencia, si cabe más relevante, fue Marixol Iparragirre la encargada de leer –al igual que Josu Urrutikoetxea– el comunicado final de ETA, el pasado 3 de mayo.

Causa olvidada

El abogado Jean-François Blanco denunciaba al arranque del proceso que se ha sacado del olvido una causa judicial nada menos que con catorce años de retraso, un plazo que, a su entender, «es incompatible con la noción misma de un proceso justo».

«Desde que la dirección de ETA fuera condenada en 2010 este proceso no ha interesado a nadie», denunció. Después de que el dossier se desgajara y se repartiera en dos instancias judiciales esa situación de «olvido» ha llevado a que, según remarcó el defensor de Serbielle –que pasó 16 meses en situación de prisión provisional tras su arresto– no haya sido escuchado por un juez desde 2005. El letrado reclamó la nulidad de la causa «por violación grave del plazo razonable».

Aunque el tribunal acordó no pronunciarse sobre tal petición hasta el final de la vista, la acusación pública, objeto de las críticas por el camino errático que ha recorrido la causa, trató de justificar la tardanza en la celebración del juicio. Recordó que la prescripción en «delitos de terrorismo» se fija en 20 años, por lo que el juicio llega, reconoció, tras un «tiempo demasiado largo» pero no fuera de los límites de «lo razonable».

A partir de ahí, el tribunal abordó la descripción de la causa y empezó a escuchar uno a uno a los encausados, empezando por los ciudadanos bearneses. Estos defendieron su opción de acoger a militantes vascos, aunque declararon desconocer sus responsabilidades en ETA.

Tanto Maryse Lavie como Didier Arricau, que les albergaron en su casa rural, se extendieron en remarcar las cualidades de sus huéspedes y Robert reivindicó su identidad militante.

Por su parte, cuando fue llamado a declarar, Serbielle se acogió al «derecho a guardar silencio». Leyó un discurso en el que expuso lo vivido durante 14 años (texto íntegro y entrevista en www.mediabask.eus), tras lo cual abandonó la sala.