La alianza reaccionaria saca al péndulo jeltzale del eje del país

El PNV ha decidido finalmente apoyar los presupuestos del Gobierno de Rajoy. Ha roto así su palabra en relación a Catalunya. Además, el acuerdo del PP con UPN deja en agua de borrajas uno de las políticas que Iñigo Urkullu abanderó junto con Uxue Barcos en Bertiz: un grupo de trabajo sobre política penitenciaria. Por el momento, la política de venganza contra presos y familiares va en el lote presupuestario. No hay que olvidar que, junto con el PP, quienes apoyan estos presupuestos son Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias. De todo menos socios estratégicos para una Euskal Herria prospera, democrática y libre.

Para justificar el giro el PNV señala, entre otras razones, el aumento de las pensiones, que como todo el mundo sabe, ha sido el anzuelo que ha usado el PP para buscar el apoyo tanto del PNV como el de Ciudadanos. Y a los pensionistas les parece, además, una medida coyuntural y claramente insuficiente. Otro tanto se puede decir de la inversión récord que llegará al tercio autonómico: como la experiencia señala una cosa es la previsión escrita en los presupuestos y otra muy distinta la ejecución; y todavía más en un Estado arruinado.

Las razones de fondo esgrimidas para este giro han sido fundamentalmente dos. La primera es la de un esotérico «pronto levantamiento del artículo 155 en Catalunya». Una vez que Quim Torra ha sido investido president existe, según el PNV, un poder legítimo catalán. El Gobierno español ya se ha encargado de dejar bien claro, saltándose incluso su propia legalidad, que el president Torra ni siquiera va a poder nombrar a los consejeros que considera más adecuados para conformar su propio Gobierno. Todo un ejemplo de autonomía. Ya no se trata de que Rajoy vaya a levantar o no el 155, sino que el 155 se ha convertido, hoy por hoy, en la única legalidad, en un estado de excepción encubierto en el que el poder ejecutivo está en disposición de intervenir cualquier autonomía o ayuntamiento cuyas resoluciones –tomadas, conviene no olvidarlo, por los legítimos representantes democráticos– no gusten a Madrid. El 155 se ha convertido en aún más arbitrario.

En este sentido la situación ha cambiado cualitativamente. El 155 se ha transformado en el eje del actual Estado de las autonomías. La involución en el ámbito del autogobierno no ha hecho más que empezar. Por eso resulta todavía más incongruente que se apruebe un preámbulo de un nuevo estatuto en la Cámara de Gasteiz y que por la tarde el PNV vote las cuentas del Estado junto con los mismo partidos que van a «cepillar» ese estatuto, empezando por el preámbulo aprobado ayer.

Los jeltzales también sostienen que votando junto a los reaccionario anteponen los intereses de la ciudadanía a los del partido. En este ciclo electoral, tanto cuando ha votado a EH Bildu, como a Podemos, como cuando lo ha hecho al PNV, el mandato de la ciudadanía vasca ha sido claro: poned freno a la deriva autoritaria y neoliberal que viene de Madrid. Por eso PP, PSOE y Ciudadanos son marginales en Euskal Herria y Catalunya. El PNV da permanentemente a esa minoría autoritaria una capacidad de veto que la sociedad vasca no avala.

En el argumentario el PNV señala que la decisión le permite mantener su «capacidad de influencia política en el Estado para contribuir a una solución dialogada y acordada en Catalunya». Peor que la ceguera a los cambios es intentar mantener la ilusión de un poder que ya no se tiene, ni siquiera formalmente. Basta recordar la anterior legislatura en la que con mayoría absoluta Rajoy ignoró a Urkullu. En la actual, los acuerdos puntuales logrados en un contexto de involución absoluta en todos los órdenes de la vida política, más que mostrar capacidad de influencia tienen el efecto contrario: sirven para avalar actuaciones absolutamente antidemocráticas y fortalecer a los partidos más reaccionarios. No hay concertación posible con PP, PSOE y Ciudadanos, después de que hayan dinamitado el Estado de derecho, el Estado de las autonomías y el Estado de bienestar.

En este momento en el que la plataforma España Ciudadana está marcando la agenda política de la involución democrática en el Estado, por responsabilidad y por inteligencia, no se debe apoyar a las fuerzas de la reacción. Es el momento de desnudar sus intenciones autoritarias, de buscar alianzas con las fuerzas democráticas, de ofrecer alternativas políticas viables y de romper amarras antes de que la vorágine autodestructiva que envuelve al Estado español termine por arrastrarnos como pueblo a la inoperancia y a la dependencia.