La sentencia de la Audiencia Nacional española sobre la primera época de la trama Gürtel, que ha condenado a 351 años de cárcel a 29 de los 37 acusados, considera probado que entre los años 1999 y 2005 el grupo de empresas de Francisco Correa y el PP tejieron una «estructura de colaboración estable» que llevó a un «auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local».

Este sistema tenía lugar gracias a la «estrecha y continua relación» del Grupo Correa con influyentes militantes» del PP que han sido enjuiciados –como Alberto López Viejo, Ricardo Galeote, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda–, quienes «tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública».

Estepona (Málaga), los municipios madrileños de Majadahonda (2001 a 2005) y Pozuelo de Alarcón (2003 a 2005), Madrid (2002), Comunidad de Madrid (2004 a 2008) y Comunidad de Castilla y León (2002 y 2003) fueron los territorios gobernados por el PP donde los jueces ven probado que el Grupo Correa desplegó sus actividades. Correa (condenado a 51 años y 11 meses de cárcel) se encontraba al frente de esta red, daba órdenes y buscaba contactos para conseguir ilegalmente contratos de la Administración.

En esta trama, «la corrupción de individuos de la clase política era un factor fundamental», subrayan los jueces.

La prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes y organización de eventos del PP constituían dicha «estructura de colaboración estable» en el que las empresas de Correa u otras, con el apoyo de los cargos públicos condenados, «gozaban de un arbitrario trato de favor en la contratación pública». Según explican los jueces, inflaban precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, para la obtención ilícita de beneficios a costa del erario, «o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos electos». Estos recibían dinero en metálico pero también otro tipo de servicios o regalos como eventos, viajes o fiestas para ellos o familiares.

Otras cantidades detraídas sirvieron directamente para pagar gastos electorales o similares del PP o fueron a parar como donaciones a la llamada «caja B» del partido. De esta forma, Francisco Correa percibió 8,4 millones de euros por contratos públicos adjudicados a sus empresas durante el periodo 2000-2008.

Los jueces consideran que estos contratos generaron un «importante perjuicio» a las entidades públicas, que pagaban un precio mayor que el normal de mercado e incluía la comisión abonada para obtener las adjudicaciones.

Además, Correa ingresó más de 2,8 millones de euros en concepto de comisiones por intermediar en favor de empresas ajenas a su grupo.

En lo que el tribunal denomina «auténtico sistema de defraudación del erario público», el extesorero del PP Luis Bárcenas (condenado a 33 años) supuso una «pieza fundamental» porque «desde dentro del partido podía acercarse a quien en cada caso convenía para conseguir la adjudicación correspondiente.

La Sala considera acreditado que Bárcenas nutrió sus cuentas de Suiza «con fondos de comisiones que recibió por su gestión e intermediación, aprovechándose de los cargos públicos que ostentó, en contrataciones públicas irregularmente adjudicadas« y también se apropió de la «caja B» en colaboración con su esposa, Rosalía Iglesias (condenada a 15 años de prisión).

El PP, a título lucrativo

Además, aunque con el voto en contra de su presidente, el tribunal ha condenado al PP como partícipe a título lucrativo a pagar 245.000 euros por las actividades de la trama Gürtel realizadas en los municipios de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón al considerar que produjo un «enriquecimiento ilícito al partido político en perjuicio de los intereses del Estado».

Igualmente, la exministra Ana Mato, ha sido condenada al pago de 27.857 euros por beneficiarse de los regalos que su entonces esposo obtuvo de esta trama.

 

Niega credibilidad al testimonio de Rajoy y confirma la «caja B»

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no considera verosímil y cuestiona la credibilidad del testimonio que ofreció durante el juicio el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, cuando negó pagos en B por parte del extesorero Luis Bárcenas. El tribunal destaca que algunos testigos reconocieron los cobros, pero que otros como Rajoy, Javier Arenas o Francisco Álvarez Cascos quitaron credibilidad a los «papeles de Bárcenas» y negaron la existencia de una «caja B» en el partido. Sin embargo, los magistrados comparten el criterio de la Fiscalía, y es que asumir estos cobros por su parte «supondría reconocer la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública», «merecedores de un reproche social», así como «admitir la existencia de una ‘caja B’» en el PP. Por eso, la Sala pone en cuestión la credibilidad de Rajoy y el resto de testigos que declararon sobre los «papeles de Bárcenas», ya que su testimonio «no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la ‘caja B' del partido». «En palabras del Ministerio Fiscal, no son suficientemente creíbles estos testigos para rebatir dicha contundente prueba», insisten los jueces.

Es más, el tribunal destaca que algunos de ellos incluso confirmaron indirectamente los apuntes de la «caja B» al dar detalles de lo que aparecía reflejado en ellos. Y es que los magistrados dan por acreditada esa «caja B», nutrida con cantidades detraídas de los contratos públicos adjudicados a la trama liderada por Correa y que también sirvieron directamente para pagar gastos electorales o similares del PP. La Sala la define como «una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, pero no entra a analizar en profundidad este asunto, que está siendo investigado por el juez de instrucción de la Audiencia Nacional José de la Mata.GARA

 

Prisión sin fianza para el expresident de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana

La jueza que investiga la Operación Erial (adjudicaciones del Gobierno valenciano por las que un grupo de empresarios podría haber pagado en torno a diez millones de euros) decretó prisión incondicional sin fianza para el expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana. Zaplana fue detenido el martes junto a seis personas más por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales. Los empresarios Vicente y José Cotino, sobrinos del ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, quedaron en libertad con medidas cautelares .GARA