Después de una jornada de paro impulsada por la patronal nicaragüense (Cosep) en la que continuaron los enfrentamientos y de que el número de víctimas mortales haya superado los 160 (200 según algunos opositores) el diálogo nacional –que fue suspendido por los obispos a finales del mes pasado por las víctimas durante una marcha opositora– se reanudó ayer con la mediación de la Conferencia Episcopal, si bien los obispos han tomado parte por el bando antigubernamental.

Los obispos presentaron el pasado 7 de junio una propuesta sobre al presidente, Daniel Ortega, quien pidió unos días de reflexión antes de dar una respuesta. Ortega no estuvo presente ayer en la sesión del diálogo y la delegación gubernamental estuvo liderada por el canciller Denis Moncada.

El obispo de Matagalpa, Rolando José Álvarez. Álvarez, indicó al comienzo del encuentro que se debatirían dos puntos, uno relacionado con los derechos humanos y otro sobre la «democratización del país». A este respecto, anuncio que darían a conocer la propuesta al presidente y leerían su carta de respuesta. Sobre los derechos humanos, el obispo demandó la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la Unión Europea para investigar «todas las muertes y actos de violencia, la identificación de los responsables y un plan de atención integral a las víctimas».

Los representantes del Gobierno reclamaron el fin inmediato de los «tranques» (cortes de calles y carretera) en todo el país por los «graves daños ocasionados por los tranques contra la vida la seguridad y la economía de Nicaragua». Frente a las fuerzas policiales, armados sobre todo con morteros artesanales, han bloqueado varias carreteras y paralizado el transporte de miles de camiones. Se calcula que las pérdidas podrían llegar a 900 millones de dólares si el conflicto continúa.

También asociaciones de pequeños empresarios y estudiantes no ligados a las protestas, exigieron a los obispos, que hasta ahora denuncian la violencia policial, que se pronuncien sobre «todos los actos de violencia en contra de ciudadanos a los que se les ha denigrado públicamente, desnudado, marcado, pintado, golpeado, en los peores casos asesinado» y mencionaron las muertes de sandinistas y la persecución de funcionarios y técnicos de instituciones, «que están siendo saqueadas y destruidas».

Las protestas, iniciadas contra una reforma de la Seguridad Social, demandan ahora la salida del poder de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.