Abogados encargados de ejecutorias penales y penitenciarias de las y los presos vascos comparecieron ayer en Bilbo para detallar la situación de bloqueo que soportan las peticiones individualizadas de progresión de grado, la obtención de permisos y las demandas de libertad condicional debido a sucesivas reformas que han generado un orden de excepcionalidad que se mantiene, ignorando el profundo cambio del escenario político. Onintza Ostolaza e Iñaki Zugadi instaron a acabar con ella.

«Desaparecido el factor excepcional –en referencia a la lucha armada practicada por ETA y a la existencia de la propia organización–, lo lógico sería entender que deben desaparecer las políticas y medidas excepcionales, que tampoco tenían razón jurídica para ser aplicadas en tiempos anteriores», defendieron los letrados. «Se ha acabado el tiempo de los excusas», subrayó Zugadi.

Al margen de los argumentos de base jurídica, al ser interpelados por un hipotético cambio de la política carcelaria por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Ostolaza reclamó que «respeten el principio de legalidad». «Veremos. Hay buenas palabras, nos remitimos a los hechos», concluyó.

Los abogados explicaron que las numerosas solicitudes individuales de progresión de grado de los presos y presas, sustentadas en argumentos de índole penitenciario y jurídico, reciben respuestas negativas tipo, de corte político e ideológico por parte de Instituciones Penitenciarias. Por esa razón, emplazaron al nuevo secretario general, Ángel Luis Ortiz González, para que «eliminen las directrices y directivas restrictivas, generalizadas y de carácter político que impiden a los presos vascos recorrer la trayectoria de resocialización o reintegración que las leyes prevén».

Agotada la vía administrativa, los pertinentes recursos no son resueltos por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. «Tiene apilados un centenar de recursos de clasificación pendientes, alguno de ellos desde finales del año pasado», desvelaron los abogados, que apostillaron que las pocas resoluciones han sido negativas. Al titular de esa instancia judicial dependiente de la Audiencia Nacional le pidieron que desbloquee los expedientes.

Argumentos «anacrónicos»

Instaron al juez José Luis Castro Antonio a que «deje de fundamentar sus autos en criterios políticos, argumentos genéricos y anacrónicos y se sujete a derecho. Esto –aclararon– significa que cumpla la legalidad ordinaria vigente y que fundamente sus autos teniendo en cuenta las circunstancias actuales y las circunstancias individuales de cada caso que se le plantea».

El estar clasificado en primer grado impide al 95% de los presos vascos acceder a permisos. De los solicitados, solo se han concedido a Sara Majarenas y Xabier Sagardoy. Tanto en las juntas de tratamiento de las cárceles como en el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, apuntaron, se emplean argumentos «anacrónicos», como el de pertenencia a ETA antes o adscripción a EPPK o al independentismo vasco ahora, «exigiendo requerimientos ideológicos y conductuales que la ley no contempla».

Citaron el caso de Sebastian Etxaniz, al que con 75 años se le mantiene en prisión, o los de Ekaitz Ezkerra, Urko Labeaga, Santiago Aragón, Iñaki Garcés y Josean Zurutuza, a los que por razones objetivas se debiera haber concedido alguno de los permisos demandados.

Respecto a Etxaniz, encarcelado en Villabona, incidieron en que «solamente teniendo en cuenta el criterio de la edad y los aplicables a los mayores de 70 años, no tendríamos que estar hablando de permisos sino de régimen abierto y excarcelación, siendo el permiso un acicate para su próxima clasificación en tercer grado».

No faltó el llamamiento a dar por concluida la sistemática política de alejamiento. «Además de ser de justicia y de derecho, y ser la única situación respetuosa con el derecho fundamental a la vida familiar, facilitaría, entre otras cosas, el trabajo de abogados y médicos de confianza», manifestaron Ostoloza y Zugadi al reclamar la repatriación a cárceles vascas.