Iñaki Igerategi, bombero de la Diputación de Gipuzkoa, ha pasado seis años encarcelado tras ser detenido en 2012, pero una vez cumplida la condena y la inhabilitación impuesta por la Audiencia Nacional, el castigo persiste en el ámbito laboral, pues contraviniendo la jurisprudencia y el derecho del expreso de retomar su actividad profesional, la institución que preside Markel Olano ha decidido rechazar su reingreso como bombero.

Por este motivo, una delegación de LAB compareció ayer ante la sede de la Diputación para exigir que Igerategi pueda reincorporarse a su puesto de trabajo. En nombre de la central abertzale, Nadet Arrizabalaga y Jokin Zubieta recordaron que desde el 21 de febrero de 2012 Igerategi estuvo en una situación de cese provisional de su actividad, hasta que recibió la sentencia definitiva, y que el 4 de mayo de 2015 el propio Igerategi dio entrada en el registro de la institución foral a la sentencia, dictada el 13 de marzo de ese año.

«Por tanto –indicaron– la Diputación de Gipuzkoa tiene esa sentencia en sus manos, pero no ha tenido en cuenta la jurisprudencia existente en este ámbito». Recordaron, en este sentido, que el bombero no sería el primer trabajador que se reincorpora a su puesto tras cumplir condena. «La Diputación ha adoptado la peor de las decisiones posibles», criticaron, «pues ha dejado a Iñaki en la calle en vez de asumir su derecho a recuperar su puesto laboral». «Le impusieron una condena, que ya ha cumplido y ha regresado a casa. Y ahora Markel Olano le ha añadido un castigo que no le había impuesto Madrid», censuraron los representantes de LAB que advirtieron de que «no vamos a permanecer quietos ni callados» ante esta actuación..

Denuncia de malos tratos

Tanto Igerategi como Inaxio Otaño, detenido en la misma operación por la Guardia Civil, denunciaron malos tratos. Igerategi relató haber sufrido largos interrogatorios desde el primer momento, e indicó que los agentes le obligaron a aprender de memoria lo que tenía que testificar. Según explicó, los propios guardias civiles corregían y añadían los puntos que no había incluido frente al abogado de oficio. Entre los malos tratos denunciados están el haber sido obligado a permanecer sin dormir durante más de 40 horas y amenazas, entre ellas, la de sufrir agresiones sexuales.