Viernes 6 de julio de 2018, día del txupinazo de sanfermines. Ocho de la tarde, peaje de la A-15 en Zuasti, a quince kilómetros de Iruñea. Como es previsible, la presencia policial es más que notoria en las carreteras navarras.

Una situación «normal» salvo por un detalle. En dirección Iruñea, los encargados de controlar los coches son agentes de rojo y gris, mientras que en dirección Donostia, quienes lo hacen van de verde. Una situación que, a ojos de un turista extranjero, resultaría inexplicable, más aún si se enterara de que es ilegal.

Porque a pesar de ser una cuestión amparada por la Ley del Amejoramiento del Fuero (Lorafna), el Estado español se niega una y otra vez a ceder las competencias de tráfico. Incluso el propio Tribunal Supremo español ha fallado este mismo año que Nafarroa es competente para regular la circulación en las carreteras, reconociendo así las atribuciones históricas recogidas en la Lorafna.

Ya sabemos que una de las razones de quienes se oponen a esta transferencia es su temor a que uno de los estandartes de la ocupación española pierda peso en este territorio. Pero hay otra razón. ¿Sabían ustedes que los 12 millones de euros que se recaudan todos los años en Nafarroa por las multas de tráfico se los queda directamente la Dirección General de Tráfico española, sin revertir ni un solo céntimo a las arcas forales?

Por lo tanto, ya es hora de dejarse de historias, de unir fuerzas y de plantarse ante semejante atropello de los derechos históricos. Porque no solo se trata de las competencias de tráfico, también de instituciones penitenciarias, de las políticas de I+D...