La precaria relación entre los dos principales grupos parlamentarios independentistas, Junts per Catalunya y ERC, volvió a saltar ayer por los aires, tal y como hizo el pasado 30 de enero, cuando el president del Parlament, Roger Torrent, se echó atrás ante las amenazas del Tribunal Constitucional y decidió no someter a la votación del pleno la investidura de Carles Puigdemont. El president en el exilio volvió a ser ayer el principal motivo de la discordia, pero ya saben qué se suele decir: la historia tiende a repetirse, sí, pero a menudo como farsa.

Empecemos por relatar los hechos. Antes de comenzar el último pleno del curso político, la Mesa del Parlament debía decidir qué hacer con los diputados procesados por rebelión, a los que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena suspendió de sus cargos públicos en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite suspender a aquellos procesados por terrorismo o rebelión sin necesidad de sentencia previa –se trata de un artículo creado en su día para frenar la presencia de presos vascos en las listas de HB–.

El reglamento del Parlament no contempla dicha suspensión de diputados, por lo que se abría cierto margen a la interpretación. Algo que los letrados de la Cámara catalana, con el exdirigente de ERC Joan Ridao al frente, aprovecharon para proponer una solución a medio camino: una suspensión temporal durante la cual los diputados procesados no serían sustituidos, sino que delegarían su voto en miembros de su grupo parlamentario. Es decir, una situación que, para el caso, es similar a la que se da en la actualidad con los diputados presos y exiliados, que votan a través del presidente de su grupo.

Con estos mimbres se llegó a la reunión de la Mesa a primera hora de ayer. Torrent sometió a votación esta opción de suspensión temporal y a favor de ella votaron los dos miembros de ERC y el del PSC. En contra votaron, sin embargo, los dos de Ciudadanos y uno de JxCat –Josep Costa, vicepresidente primero de la Mesa–. El séptimo en discordia, Eusebi Campdepadrós, también de JxCat, votó primero a favor de la propuesta de los letrados del Parlament –junto a ERC y PSC– pero, después de que Costa le enseñase un mensaje en su móvil, cambió rápidamente el sentido de su voto y se abstuvo. Resultado: empate a tres votos y bloqueo.

La Mesa se amplió entonces a la Junta de Portavoces –en la que también están presentes Catalunya en Comú, CUP y PP–, y en ella JxCat y ERC coincidieron en suspender el pleno, tratando en vano de establecer un cortafuegos y no trasladar al Hemiciclo el choque. Evidentemente, para entonces era ya demasiado tarde. Solo quedaba intentar justificar la posición propia, algo que ambos grupos hicieron echándose los trastos por encima. «Pedimos a ERC que aclare si Torrent defiende la dignidad de los diputados o si blanquea al PSC del 155», lanzó el portavoz de JxCat Eduard Pujol, que acusó a Esquerra de querer «suspender de forma obsesiva» a Puigdemont. «Lo que ha pasado aquí es gravísimo, se ha salido a mentir», respondió el portavoz republicano Sergi Sabrià, en relación a la conferencia de prensa previa de JxCat.

La situación de Puigdemont

Entre las explicaciones siempre parciales, de las que es difícil separar el grano de la paja, se desprende la voluntad de JxCat de asegurarse la posibilidad de intentar de nuevo la investidura de Puigdemont si finalmente es extraditado solo por malversación –la decisión está en manos de Pablo Llarena–. ERC aduce que, en cualquier caso, la suspensión propuesta ayer era temporal, pero desde JxCat se insistió en que había un pacto sellado entre el president, Quim Torra, y el vicepresidente, Pere Aragonès (de ERC), para aplicar la suspensión temporal a todos los diputados procesados menos a Puigdemont, cuya situación en Alemania es diferente. Y es que, al rechazar los jueces de Schleswig-Holstein la extradición por rebelión, su suspensión está ahora mismo en el aire, a la espera de lo que decida Llarena en los próximos días.

ERC, por su parte, negó tajantemente la existencia de dicho acuerdo, y como prueba –bastante inapelable– esgrimió el inicial voto favorable de Campdepadrós a sus tesis, posteriormente corregido y convertido en una abstención que ni él acertó a explicar. De hecho, Sabrià no dudó en ligar la actitud de JxCat a la inminente asamblea general que celebra este fin de semana el PDeCAT. «Si tienen un fin de semana difícil, nosotros no se lo podemos resolver», señaló en referencia a un cónclave crucial en el que varios sectores se disputan el control del partido heredero de Convergència y en el cual está en juego la adhesión de la formación a la Crida Nacional per la República, la iniciativa puesta en marcha por un Puigdemont que ayer mantuvo el silencio.

 

Torra recibe en el Palau al senador de EH Bildu Jon Iñarritu

Tras la intensa y movida jornada en el Parlament, el president de la Generalitat, Quim Torra, recibió ayer al atardecer en el Palau de la plaza Sant Jaume al senador de EH Bildu Jon Iñarritu, en la que es la primera visita oficial de un representante vasco al dirigente catalán.

Tras una hora de reunión, el propio Torra informó acerca del encuentro con un mensaje en las redes sociales en el que dio las gracias a Iñarritu por su «apoyo al derecho de autodeterminación, a la libertad de los pueblos y a los presos políticos». «Los pueblos catalán y vasco trabajamos juntos por los derechos civiles», añadió el president en su mensaje. El periplo catalán de Iñarritu continuará hoy con una visita a los presos políticos en Lledoners.GARA

 

La Policía española podría haber utilizado canales de comunicación alternativos el 1-O

En un escrito en respuesta al juez que investiga las cargas policiales del 1-O a instancias de numerosos particulares y del Ayuntamiento de Barcelona, la Jefatura Superior de la Policía española en Catalunya aseguró esta semana que «no existen registros» de las comunicaciones entre el responsable del operativo contra el referéndum, Diego Pérez de los Cobos, y los mandos de la Policía y la Guardia Civil. Se trata de unos registros que, legalmente, los cuerpos policiales están obligados a conservar, más si cabe cuando hay una investigación judicial en marcha. O había, porque el martes el juez archivó la causa.

Ante el requerimiento de los tribunales, la Jefatura solo ha aportado las comunicaciones entre los mandos y los agentes que actuaron aquel día sobre el terreno. De hecho, según información del diario “Jornada”, en uno de esos audios se escucha cómo un mando de la Policía dice, textualmente, «me llama al otro medio». Algo que ha llevado a sospechar que, durante el referéndum del 1 de octubre, las FSE utilizaron algún medio de comunicación alternativo al oficial.

La nota de “Jornada” recogió también las palabras del concejal de Barcelona Jaume Asens, que anunció que en los próximos días recurrirán el archivo de la causa, al considerar que «las conversaciones entre los agentes prueban que había un segundo medio para comunicarse entre ellos a través del cual se podían dar órdenes presuntamente delictivas».GARA